La justicia rechaza suspender el ingreso en prisión de Núñez

Josep Lluís Núñez, empresario y expresidente del FC Barcelona, está a un solo paso de ingresar en prisión por el caso Hacienda, considerado el mayor episodio de corrupción de Cataluña. La Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, el mismo órgano que le condenó inicialmente a seis años de prisión por cohecho —el Supremo rebajó más tarde la pena— ha echado por tierra una de las últimas bazas que tenía entre manos para eludir su estancia entre rejas. Los magistrados han rechazado su petición de suspender la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto que ha pedido el Gobierno.

La resolución aboca al empresario y a su hijo, Josep Lluís, a la cárcel. El auto no ordena, sin embargo, su ingreso en prisión y señala que todavía cabe interponer un recurso de súplica. Pero ese recurso será visto por el mismo tribunal, por lo que muy probablemente será desestimado y padre e hijo deberán cumplir la pena impuesta.

Los magistrados basan su decisión en la perspectiva de que el Gobierno no concederá el indulto a los condenados por el caso Hacienda. “Lo explicitado públicamente por el anterior responsable del Ministerio de Justicia [Alberto Ruiz-Gallardón] y altos cargos del Estado, es que en materia de delitos relacionados con la corrupción no se otorgará indulto alguno”. Las expectativas de que le sea concedida la medida de gracia “resultan francamente aún menos halagüeñas”, por lo que no es necesario suspender la pena.

El auto carga con dureza contra la institución del indulto, un “resabio de la arbitrariedad regia del antiguo régimen” cuyo otorgamiento debe ser “excepcional” y por causas “objetivas de carácter social o humanitario”. Y basan su decisión en la expectativa de que el Gobierno, en el caso de los condenados por el caso Hacienda, no lo concederá. “La utilización que se viene haciendo” del indulto, añaden, “cuestiona seriamente su encaje en el ordenamiento jurídico” y es contrario “al principio de separación de poderes”.

La segunda pata sobre la que pivota la decisión judicial es la “gravedad” de los hechos y su “repercusión social”. En julio de 2011, la Audiencia de Barcelona condenó a seis años de cárcel al constructor y a su hijo por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en las revisiones. De esa forma, los Núñez y otros condenados lograron eludir el pago de impuestos y defraudar al erario público unos 13 millones de euros. El pasado enero, el Tribunal Supremo enmendó en parte esa sentencia y rebajó la condena a dos años y dos meses de cárcel al apreciar que se habían producido dilaciones indebidas en la causa judicial.

La reducción de la pena de cárcel llevó a los Núñez a pedir el indulto al Gobierno de Mariano Rajoy a solicitar que, mientras se tomaba la decisión, no ingresaran en prisión. La Sección Novena ha compartido ahora el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y se ha opuesto a suspender la ejecución de la pena.

Los Núñez participaron en una “auténtica trama de corrupción para defraudar al Estado español”, formada por inspectores de Hacienda y grandes empresarios. Se trata, sigue el auto, de “conductas gravísimas en términos de repercusión social e institucional”. Ambos se enriquecieron “a costa del resto de ciudadanos”. El hecho de que los implicados tuvieran “relevancia social y profesional incide más aún en el reproche social y, por ende, penal”.

El caso Hacienda arrancó en 1999, cuando se descubrió que dos inspectores de Hacienda tenían dos cuentas en Suiza por pagos realizados por el financiero Javier De la osa. La investigación se prolongó ocho años y el juicio se celebró en 2009.