Enseñar castellano a un pakistaní

Un empresario vitoriano dio positivo en un control de alcoholemia. Pudo condonar la grave multa recibida por su infracción mediante un servicio a la comunidad. Le asignaron la enseñanza de castellano a un pakistaní, residente en la capital alavesa. El industrial, que sufría entonces las consecuencias de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su empresa, cumplió la redención de la pena. Pero al acabar transmitió con rapidez “su irritación” a un cargo institucional alavés porque su alumno, en paro y sin trabajo alguno desde su llegada, percibía “alrededor de 1.500 euros al mes” en concepto de ayuda social.

Se trata de uno de los variados ejemplos que en el PP alavés se presenta sobre la “incorrecta utilización” —término utilizado reiteradamente— de estas aportaciones económicas por parte del Gobierno vasco y que sustentan el argumentario de Javier Maroto, principalmente, y Javier de Andrés en una materia tan sensible.

Una indignación similar a la del improvisado profesor de castellano expresaron algunos bomberos que acudieron el pasado mes de julio a sofocar un incendio en el centro de menores Bideberri, situado en el parque del Norte en Molinuevo y que acoge a una veintena de menores extranjeros no acompañados bajo titularidad foral. “Les sorprendió los iPhone y el nivel de aparatos móviles que vieron en las habitaciones”, recuerda todavía una de las personas que siguió la investigación del siniestro.

Desde una organización social implantada hace décadas en Vitoria se cuestiona esta intencionalidad de asociar extranjeros con delitos. “Como que no roban los nacidos aquí...”.