La fiscalía se moviliza para evitar que se anulen los casos de corrupción

La principal causa por corrupción abierta actualmente en Galicia, el caso Pokémon, con un centenar de imputados entre políticos de todo color, funcionarios y empresarios, corre riesgo de ser anulada. Así lo venían advirtiendo hace meses abogados de algunos de los implicados y así lo admitió ayer el propio fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. Para evitarlo, Varela asegura que la fiscalía se volcará para que el Tribunal Supremo anule las recientes decisiones de la Audiencia Provincial de Lugo que tumbaron las instrucciones de los casos de las multas retiradas en la ciudad y de las irregularidades en el Ayuntamiento de Castro de Rei, cuyo sustento legal podría aplicarse para anular también la Pokémon.

 La Audiencia de Lugo consideró que la juez Estela San José no debió asumir por propia decisión la instrucción de los citados casos, a los que llegó por los indicios de delito que descubrió en investigaciones previas sobre otras cuestiones. Para la Audiencia, y en ello coincide la fiscalía, San José debió dejar que ambos casos fuesen repartidos al juez que le correspondiese por turno. Pero el argumento que defiende el ministerio público es que, pese a esa irregularidad, no se puede anular toda la instrucción ya que en ese reparto “le podría haber tocado a la misma juez que lo instruyó”, indicó Varela, sobre la que “no estaba en cuestión la imparcialidad”. La fiscalía del Supremo defenderá esa visión para conjurar las sombras que sobrevuelan sobre el caso Pokémon, cuya investigación también fue asumida por la juez Pilar de Lara evitando enviarla a reparto.

Aunque intentará que no se anulen esas instrucciones, Varela se muestra crítico con su duración y amplitud. “Tenemos que dar una solución a que, de repente, un instructor de un determinado lugar prorrogue su jurisdicción a toda Galicia”, dijo el fiscal, para quien ello supone “una anomalía” porque “se puede hacer a nivel central por la Audiencia Nacional, pero no podemos convertir a los jueces instructores en la Audiencia Nacional de Galicia”. En casos así, Varela planteó “desprender del núcleo duro de corrupción” aquellos asuntos que se podrían considerar “bagatelas penales” para así “llevar cuanto antes a juicio” ese “núcleo duro”.

Varela hizo estas declaraciones tras entregar a la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, la memoria de actividades de la Fiscalía Superior de Galicia durante el pasado año. En ese documento se refleja el notable incremento registrado en la incoación de procedimientos judiciales por corrupción durante el pasado año, con un total de 184 en toda Galicia, un 21% más que los 152 de 2012 y un 50% más que los 124 de 2011. De esos casos incoados, 104 lo fueron por prevaricación, seguidos muy de lejos por los 24 de blanqueo de capitales y los 23 de tráfico de influencias. Frente a esas cifras, el pasado año se pronunciaron 10 sentencias por corrupción, dos más que las ocho de 2012 y cuatro más que las seis de 2011.

En su memoria, la fiscalía reclama la posibilidad de que se planteen acciones civiles públicas para casos como el del Prestige, del que lamenta el “insatisfactorio pronunciamiento absolutorio contenido en la sentencia dictada respecto del delito medioambiental”. El documento critica las “insuficiencias del ordenamiento jurídico español para disponer una tutela jurídica integral del medio ambiente”.