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Una monja y funcionarios de la Xunta, imputados por adopciones irregulares

La juez tomará declaración a al menos 10 personas por la Operación Bebé

Niños que entonces eran recién nacidos rondan ahora los seis años, y todo este tiempo han crecido apartados de sus madres, en muchos casos ignorando que existen, mientras estas peleaban por recuperarlos ante una maquinaria judicial bloqueada. Tres meses después de que la Audiencia de Lugo desatascase la instrucción al ordenar a la titular del juzgado número 2 que imputase a las personas que intervinieron en aquellas retiradas de niños supuestamente irregulares, los abogados de los padres han sabido que en noviembre tendrán que prestar declaración ante la juez Sandra Piñeiro al menos 10 personas. Entre los imputados están una monja que fue responsable del Hogar Madre Encarnación de Lugo en la década pasada —un centro al que acuden mujeres desprotegidas en el embarazo— y un número importante, aunque aún indeterminado, de trabajadores vinculados a la Xunta.

Los interrogatorios están fijados para los días 6, 10 y 20 del mes que viene, y en su providencia la juez cita, además de a la religiosa, a una trabajadora social del Hospital da Costa, en Burela, y a la subdirectora médica del mismo centro del Sergas que ocupaban esos puestos en 2011, cuando dio a luz una mujer argelina que no ha vuelto a ver a su niña. Esta madre asegura que no entendía el idioma ni se le facilitó un intérprete, y cuenta que firmó la entrega de su bebé creyendo que cubría el alta médica.

Además, Piñeiro llama a declarar, igualmente en calidad de imputados, a varios técnicos facultativos del Servicio de Menores de Lugo, dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar, y a algún familiar de las personas que denunciaron la supuesta retirada irregular de sus hijos. Precisamente el departamento de Menores de Lugo fue objeto de un registro judicial al comienzo de la instrucción, cuando investigaba las primeras denuncias que presentaron un grupo de abogados del turno de oficio otra juez, Estela San José, responsable del número 3. Esta se inhibió poco después por su amistad con la letrada de una de las madres denunciantes, y entonces el caso pareció caer en un limbo mientras las criaturas, en principio una decena, se hacían mayores y en buena parte eran dadas en adopción.

Al menos dos de estas madres a las que la Administración autonómica les quitó sus bebés de manera presuntamente irregular aparecían en otro sumario de los juzgados lucenses, el de la Operación Carioca contra la trata de mujeres y la explotación sexual. Una de las extranjeras declaró haber sufrido amenazas para entregar a su bebé por parte de una presunta organización mafiosa. Y otra contó que fue recluida en centros psiquiátricos y en Madre Encarnación hasta que parió y le retiraron a la cría. Deambuló sin rumbo por Galicia y acabó arrojándose desde un piso alto del hospital de Montecelo, en Pontevedra. Como consecuencia de la caída perdió un brazo y está parapléjica. Desde la residencia para discapacitados físicos en la que tiene que vivir internada, sigue reclamando a su niña, que no la conoce, con la esperanza de rehacer su vida. Pero en la Operación Bebé hay también padres que reclaman a más de un hijo. Casi todas las historias recogidas en el sumario son diferentes, pero coinciden en que los trámites bajo sospecha fueron llevados a cabo por personal de la Xunta. Varios de estos niños pasaron, además, por el centro de acogida para madres desamparadas de Lugo.

Los abogados que representan a los progenitores afectados aseguran que llevan dos años reclamando copia de las actuaciones, que hace tiempo que no están bajo secreto, y se quejan de que el juzgado no se las facilita. Recibieron notificación de la providencia en la que la juez ordena la citación de los imputados el martes, pero esta tiene fecha de hace un mes. En ella no se identifica a todos los imputados, de ahí que no se sepa exactamente cuántos son. Esta incógnita afecta a varios técnicos de Menores de la Xunta que aparecen firmando documentos oficiales con un número, pero sin nombre. Piñeiro ha ordenado a la Policía Judicial que aclare su identidad.

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