El Consell regulará por ley el copago en centros de mayores tras el fiasco

El Gobierno valenciano ha anunciado este viernes que regulará por ley el copago aplicado a los usuarios mayores o discapacitados de las residencias públicas de la Generalitat. La decisión se produce después del revés sufrido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el copago cobrado hasta ahora por defectos de forma bajo la fórmula de precio público.

La consejera portavoz, María José Català, ha negado que el fiasco fuese responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social y argumentó que, al menos, otras cuatro comunidades autónomas tienen regulado este copago mediante la fórmula de precio público. “No entendemos que haya responsabilidad de los técnicos”, dijo Catalá al ser interpelada por la asunción de responsabilidades que pidió públicamente el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

Este copago ha sido un tema especialmente sangrante para algunos alcaldes que han visto cómo sus vecinos tenían que pagar una parte de la plaza para mayores o discapacitados en residencias públicas.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia, que anula el copago establecido en agosto de 2013, afecta a 3.350 personas, de las que 2.400 son mayores y 950 son discapacitadas. En total, las cantidades cobradas por las residencias públicas ascienden a 4,4 millones de euros, de los que 1,5 millones han sido aportados por personas discapacitadas y 2,9 son de mayores, a los que se les ha detraido el copago de las pagas extraordinarias.

Català señaló que la Generalitat presentará recurso de casación contra el fallo del TSJ pero advirtió que la sentencia “no valora el fondo del asunto”. “Hay que resolver los defectos de procedimiento”, insistió la portavoz que explicó que la Abogacía de la Generalitat ya está trabajando en el recurso.

Sin embargo, fuentes del Consell admitieron que si, finalmente, se anula el copago, la Generalitat tendrá que asumir el reembolso de las cantidades cobradas indebidamente.

Las esperanzas generadas en el colectivo de la discapacidad por la sentencia del TSJ, se ha convertido en malestar al conocer la intención del Consell de modificar la normativa para no dejar de cobrar a un colectivo desfavorecido.

“La Administración funciona así. Dictan una norma a sabiendas que vulnera el procedimiento y si nadie plantea un recuso, así se queda”, criticó ayer Sandra Casas, abogada especialista en dependencia. Casas recordó que la anulación del decreto afecta a un porcentaje mínimo de los usuarios de plazas públicas porque la mayoría de ellos no está regido por el decreto de dependencia sino por la orden 21/2012 que impone el copago a las personas que tienen reconocida la condición de dependientes.

La abogada explicó que los jueces han anulado el sistema de copago progresivo y que el concepto de tasa se basa en que los centros son imprescindibles.