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La regidora de Puerto Real defiende la legalidad de un contrato a dedo

Peinado asegura que la adjudicación fue aprobada en pleno y que contaba con el informe favorable de un técnico municipal

La alcaldesa de Puerto Real (Cádiz), María Isabel Peinado (Partido Andalucista), se ha escudado en que nadie le advirtió, ni al gobierno municipal, que la contratación a dedo, sin concurso público previo, de una empresa para que se hiciera cargo de la gestión de los aceites usados de uso doméstico y comercial era algo ilegal. Peinado ha pasado este miércoles el trago de tener que declarar como imputada por la querella interpuesta por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras), que considera que la regidora local había cometido un delito contra la Administración pública y que ha vulnerado el derecho a la libre competencia por firmar este servicio bajo el régimen de la exclusividad.

La alcaldesa ha declarado durante más de tres horas. Su principal argumento ha sido derivar la responsabilidad de la firma del convenio con la empresa Biouniversal para la gestión del aceite vegetal usado a un técnico del área de Medio Ambiente, quien emitió un informe recomendando esta medida. “Nosotros atendimos este informe, lo aprobamos en junta de gobierno y después en pleno. Y nadie puso ninguna objeción”, ha señalado. Peinado ha criticado que Equo, con representación municipal, haya decidido ejercer de acusación popular. Su letrado, de hecho, ha sido el más incisivo en el interrogatorio. “Ellos dieron el visto bueno al convenio en el pleno, así que son también responsables”, ha argumentado Peinado.

Peinado ha asegurado que el técnico advirtió de la necesidad de cumplir con la ley autonómica que establece que el aceite usado es un residuo y, como tal, ha de ser recogido por una empresa elegida por el Ayuntamiento. Otros Consistorios así lo han hecho. Es el caso de San Fernando (PP-PA) o Sevilla (PP) que han contratado a Biouniversal, la misma compañía que Puerto Real, aunque el ejemplo es diferente porque los gobiernos isleño y sevillano sí convocaron un concurso público.

La alcaldesa andalucista atribuye la denuncia a una “guerra de empresas”

Peinado atribuye la denuncia a una “guerra de empresas” en la que ella “ha sido una cabeza de turco”. En su opinión, las empresas adscritas a la asociación denunciante no están de acuerdo en perder el beneficio que antes obtenían por el servicio que Biouniversal presta en Puerto Real. “Estos días hemos visto que algunas de esas empresas también tienen suscritos convenios con otros Ayuntamientos y allí no han presentado querellas”, ha advertido la alcaldesa.

Hasta el momento de suscribir ese convenio, eran los comercios y las empresas de recogida de aceites las que llegaban a acuerdos privados. Las compañías recogían en bares y restaurantes el aceite sobrante, por el que obtenía material para su reciclaje, a cambio de ofrecer pequeñas cantidades de dinero (en algunos casos 100 euros mensuales) o servicios como la limpieza de los filtros. Para los hosteleros era una manera de obtener beneficios extra y para las empresas de recogida de aceite una forma de conseguir materia prima que después vendían. La decisión municipal indignó al colectivo por el fondo de la medida pero también por la forma, al no haberse convocado ningún concurso público. El convenio establecía que la empresa se llevaba los beneficios de la venta del aceite usado para su reciclaje, salvo un 10% que quedaba para las arcas municipales, aunque la alcaldesa ha asegurado desconocer cuánto dinero ha podido ingresar gracias a este acuerdo.

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Tras las declaraciones de la alcaldesa y de la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Parrado, también del PA, el Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Real deberá decidir si sigue adelante con la causa abierta o desestima la querella. “Yo estoy tranquila aunque mi imagen y la del Ayuntamiento ha quedado afectada”, ha asegurado Peinado.

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