El fiscal acusa a Pachi Vázquez de enchufar en su pueblo a 37 personas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) investigará al exsecretario general del PSdeG y actual diputado autonómico Pachi Vázquez por un presunto delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de O Carballiño. El tribunal ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal, que acusa a Vázquez de la contratación irregular de 37 personas en el Ayuntamiento de O Carballiño realizada “de forma absolutamente arbitraria, atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político, personal o de otro tipo no recogido en el ordenamiento” durante los dos últimos años de su mandato en ese municipio, 2004 y 2005.

 El fiscal ha presentado querellas además contra el sucesor socialista de Vázquez en el gobierno carballinés, Carlos Montes; contra la que fuera teniente de alcalde de ambos regidores y sustituta durante unos meses del último, Elisa Domínguez, y contra otros dos exconcejales socialistas. Les atribuye el mismo delito de prevaricación y cifra en 60 el número de enchufados en el Ayuntamiento de O Carballiño entre todos ellos. Solo Vázquez, por su condición de aforado, será investigado en el TSXG.

Las contrataciones se realizaron “con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios” de igualdad, mérito, capacidad y publicidad “que exige el ordenamiento jurídico”, sostiene el Ministerio Público, que destaca como “piedra angular” el de la exposición pública. En su opinión, Vázquez y sus sucesores enchufaron a afines conscientes de que vulneraban el procedimiento jurídico: “Tanto los puestos de trabajo que habían de ser cubiertos como las personas designadas para cubrirlos con apariencia de contratación temporal, y en su caso indefinida, fueron decisiones de los implicados que conocían la absoluta ausencia de procedimiento de contratación”. Una forma de actuar que, según el fiscal, se convirtió en “sistémica” en los sucesivos gobiernos socialistas.

La fiscalía detalla en su querella contra Vázquez —que fue alcalde de O Carballiño entre junio de 1995 y agosto de 2005, cuando abandonó al ser nombrado conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta— que desde 1999, “y sobre todo durante los años 2003, 2004 y 2005” se realizaron “gran número de contrataciones de personal laboral” que fueron encadenándose “hasta devenir en indefinidas” ya fuera por decisión de la Inspección de Trabajo, por resolución judicial tras las demandas presentadas por los trabajadores o mediante decreto de la propia alcaldía que “sin más” les reconocía esa condición laboral.

Los 37 supuestos enchufes que detalla la querella corresponden a un decreto de la alcaldía firmado por Vázquez en 2004 con el que “reconoció la condición de indefinidos a seis trabajadores” con contratos temporales “que igualmente se habían realizado sin ningún amparo legal” y a otra resolución de 2005, firmada también por el que luego sería líder del PSdeG, en la que “acuerda sin más la contratación de 31 trabajadores para todo 2005 a propuesta del concejal de Personal”. El fiscal justifica la vigencia de las imputaciones contra Vázquez por hechos ocurridos hace una década argumentando que al tratarse de un delito continuado “la prescripción comenzaría a contarse desde el día en el que se realizó la última infracción”, en agosto de 2005, por lo que el delito “no prescribirá hasta 2015”.

La acusación contra Vázquez se produce nueve días después de que anunciase su candidatura a las primarias del PSdeG en Ourense que elegirán el aspirante a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales del año próximo. Fuentes judiciales atribuyen la querella al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, el mismo que actuó en su día contra el expresidente de la Diputación José Luis Baltar, en este caso tras una denuncia del PSdeG provincial.