Dos internos del CIE denuncian agresiones durante un intento de fuga
Los dos ciudadanos argelinos denunciantes aseguran que no participaban en el motín
Dos ciudadanos de origen argelino que se encuentran retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han presentado sendas denuncias por supuestas agresiones policiales tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. Los denunciantes aseguran en su declaración que no participaban en motín en el momento de ser agredidos, sino que estaban en el pasillo y que, horas después, además de quienes habían participado en la fuga, los demás recibieron también golpes en sus habitaciones.
La plataforma por el cierre de los CIE ha trasladado estas denuncias a la Defensora del Pueblo, a quien ya presentaron otras tres hace una semana por hechos similares. En ellas, asegura la plataforma, denunciaron la existencia de "más de 10 heridos durante el intento de fuga a quienes se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de tres agentes de policía". La plataforma asegura que los internos no fueron atendidos en un centro hospitalario sino que fue el servicio médico del centro quien les atendió.
Desde la Campaña por el cierre de los CIE exigen responsabilidades políticas "urgentes" por parte del Ministerio del Interior, organismo que gestiona estos espacios. "Es necesaria una actuación del Ministerio del Interior acorde con el Estado de Derecho que dice representar. No podemos consentir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de las personas internas en Zapadores. Cada vez que se denuncian agresiones por parte de la policía, inmediatamente después se expulsa a su países de origen a víctimas y testigos, lo que paraliza el proceso", ha afirmado Ana Fornés, portavoz de la plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones sociales del tejido asociativo valenciano.
Fornés ha recalcado que, en lo que va de año, han recogido "más de treinta denuncias interpuestas por palizas, maltrato y humillaciones. El fomento del la impunidad desde el Gobierno es inadmisible". "Vamos a seguir exigiendo que se paralicen las expulsiones de víctimas y testigos, que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada una de las denuncias, así como el cierre de estos espacios cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos", ha mantenido.
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