La plaza del pueblo, en liquidación

Lo que iba a ser una operación redonda para el Ayuntamiento de San Fernándo de Henares, de IU, y para 80 familias, terminó en pesadilla. Una operación urbanístico-financiera diseñada por las autoridades municipales para remodelar la plaza del municipio y las viviendas que la rodean ha terminado en los tribunales. De momento, el Ayuntamiento está a punto de perder la titularidad de su elemento urbano más emblemático y los vecinos, sus casas.

En 2008, ciudadanos y políticos se felicitaban por el acuerdo logrado para rehabilitar la plaza de España, rodeada de edificios del siglo XVIII. Seis años después, los vecinos se sienten engañados, la sociedad Plaza de España SL, creada para ese fin se encuentra en liquidación y la plaza del pueblo junto con las viviendas, ya terminadas, a punto de pasar a manos de Bankia, el principal acreedor de la sociedad con una deuda acumulada de unos 60 millones. Los vecinos, mientras, observan atónitos como la empresa, con un 49% de capital municipal y un 51% de los propietarios de los inmuebles, se ha desmoronado y cómo se aleja la recuperación de sus pisos, que aportaron al capital social de la empresa.

¿Culpables? Para el Ayuntamiento, gran parte de la responsabilidad recae en Woodman, la empresa que contrató Plaza de España por cuatro millones para gestionar las obras, así como en Carmen Criado, secretaria del consejo de administración y asesora del anterior alcalde, Julio Setién. A finales de 2013, el Ayuntamiento presentó un escrito ante la Fiscalía en el que manifiesta la posible existencia de “ilícitos penales” en gran parte de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa.

Victoriano Cuesta, socio de Woodman, niega rotundamente esta acusación y mantiene que Plaza de España se convirtió en una sociedad instrumental del Ayuntamiento. “Somos los chivos expiatorios para esconder que la empresa se ha utilizado por el Ayuntamiento para acometer gastos diferentes al objeto con el que se constituyó la sociedad”. Esta forma de actuar es la que ha provocado, dice, el sobrecoste de la obra: de 54 millones a 94. También recuerda que a ellos eran “asesores no gestores”. “Nunca hemos tenido ni voz, ni voto y mucho menos capacidad para realizar pagos”. Y añade: “Era el alcalde de entonces, Julio Setién, presidente de la empresa, y el consejero delegado (Joaquín Martínez), a instancias de Carmen Criado los que tenían esa competencia”. Para demostrar su buen hacer, esgrime que las facturas de las dos constructoras que acometieron la obra (Ortiz e Isolux) no se desviaron ni un céntimo. “Y esa era nuestra obligación”.

Entre los fondos que se habrían desviado a actuaciones no previstas, se encuentra la compra de locales a la Empresa Municipal del Suelo (EMS), que pasaba por problemas económicos, por tres millones más la subrogación en la hipoteca pendiente de cinco millones. El PP se mostró contrario a la adquisición. “No tenía ningún sentido más allá de financiar a la EMS”, afirma Eusebio González, portavoz del PP. También se encargó la construcción de un nuevo museo por 3,5 millones, el aparcamiento subterráneo por 10 millones, la urbanización de dos calles aledañas... “Es un suma y sigue” concluye.

Cuesta considera “vergonzoso” que con el tiempo transcurrido desde el nombramiento de Moreno como alcalde, no se haya solicitado la toma de las viviendas a las constructoras ni se hayan alquilado los locales.

Moreno relevó a Setién en la alcaldía tras presentar este su dimisión en marzo de 2013. Además del puesto de regidor, Moreno pasó a ostentar el cargo de presidente de Plaza de España. Hasta ese momento era responsable de Hacienda. Moreno, que no quiere entrar a valorar los comentarios de Cuesta, asegura que las decisiones sobre la sociedad se tomaban en el ámbito empresarial mercantil de la empresa, que era privado no público, por lo tanto, no tenía conocimiento de lo que ocurría en su cargo de concejal. A pesar de que los vecinos ostentan la mayoría de la sociedad, solo contaban con un representante en el consejo de administración.

Por su parte, Carmen Criado se defiende y aclara que “era la secretaria no consejera”. “Me dedicaba al día a día, el único que tenía la firma era el consejero delegado”. “En enero de 2012 estaban acabadas todas esas casas. Por lo tanto, sí existen bienes, lo que no hay es liquidez”.