Las imágenes del Alvia dañan la Marca España, según un asesor de Fomento
Iñaki Barrón critica la filtración del descarrilamiento: "A un accidente jamás debería dársele esa cobertura"
Iñaki Barrón, uno de los expertos ferroviarios españoles más reconocidos, presidió la Comisión Científico-Técnica que el Ministerio de Fomento creó tras el accidente de tren de Santiago como órgano asesor para mejorar todos los ámbitos del sector. La semana pasada compareció en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión parlamentaria constituida con la misma finalidad pero de carácter político. Allí Barrón centró parte de su intervención en criticar las filtraciones a los medios de comunicación de vídeos y documentos relacionados con el accidente por “el gigantesco daño que esas imágenes han hecho y siguen haciendo al ferrocarril, al ferrocarril español, a la alta velocidad, a España, a la industria española”. “A un accidente jamás debería dársele esa cobertura”, dijo Barrón, para añadir que “habría que hacer una buena campaña de imagen para decir que los trenes en España no son eso ni mucho menos”.
Barrón resumió en su intervención, a puerta cerrada y cuya transcripción trasciende ahora, el contenido del informe que la comisión que presidió emitió hace unos meses, en el que desgranaba numerosas propuestas para todos los ámbitos ferroviarios, incluidas 30 en materia de seguridad, muchas ya implantadas por Fomento. Aquel informe no mencionaba el accidente de Angrois en ninguna de sus más de 400 páginas, pese a que fue encargado nueve días después y a consecuencia del siniestro.
La diputada del BNG Rosana Pérez echó en cara a Barrón que en su intervención inicial tampoco recordase a los 79 muertos que causó el siniestro y criticó los intentos de “censura”. Tras esa apelación, Barrón sí recordó a las víctimas en su segunda intervención pero insistió en lamentar “que esas imágenes que están para seguridad de la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria en España, que esas imágenes se hayan filtrado de esa manera 12 horas después del accidente”. También criticó que se filtrasen “con más saña” las grabaciones de la cabina del tren justo antes del accidente. En el siniestro del 24 de julio del año pasado, el maquinista circulaba despistado tras recibir una llamada del interventor del tren y no frenó a tiempo antes de llegar a la curva de Angrois sin que ningún dispositivo técnico lo paliase o evitase.
El diputado del PSOE Rafael Simancas lamentó que se filtrase también el borrador de conclusiones de la comisión presidida por Barrón, aunque luego éste minimizó ese hecho y lo redujo a “trozos” del documento. Por su parte, el diputado del PP Andrés Ayala lamentó hasta en tres ocasiones, según la transcripción parlamentaria, que se haya “incumplido la ley, porque estaba bajo secreto de sumario”. La instrucción del accidente, sin embargo, nunca ha estado bajo secreto y tanto el juez como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se han esforzado por divulgar sus resoluciones e incluso las pruebas más relevantes.
Por otra parte, el Congreso de los Diputados acaba de recibir el balance anual de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) correspondiente a 2013. El pasado año la comisión recibió 74 notificaciones de accidentes o incidentes ferroviarios, de los que investigó los 23 más relevantes, cifras similares a años anteriores. Entre ellos estuvo el de Santiago, del que concluyó, en un informe individual emitido el pasado junio, que se produjo por exceso de velocidad al no respetar el maquinista el límite máximo. Aquel informe estableció como “causa coadyuvante” su “falta de atención” tras recibir la llamada del interventor. La investigación de ese accidente, dice ahora la CIAF en su balance anual, centró buena parte de sus esfuerzos, hasta el punto de que la media de tiempo empleado en analizar cada siniestro pasó de los nueve meses de años anteriores a los 12 meses de 2013.
Además, víctimas del accidente se concentraron ayer por la tarde ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid y de los juzgados de Santiago en protesta por el nombramiento como ministro de Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras cuando ocurrió el accidente de Angrois.
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