De Lara abre diligencias separadas por filtraciones sobre investigaciones al PP

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, abrió diligencias separadas por "revelación del deber de guardar secreto" en relación a "filtraciones" sobre investigaciones a cargos del PP, al respecto de lo que se habría inhibido al órgano competente, que serían los Juzgados de Santiago.

La propia Vigilancia Aduanera, según consta en los nuevos folios entregados este viernes a las partes de la 'Operación Pokémon' a los que ha tenido acceso Europa Press, realizó un informe sobre "filtraciones que se han conocido" de la investigación en las que, entre otros nombres, aparecen los de la diputada y exportavoz del PP gallego, Paula Prado, su hermano, Luciano, y el exjefe de gabinete de Gerardo Conde Roa (exalcalde del PP), Ángel Espadas, junto con directivos de Aquagest.

En las conversaciones referidas en el informe de Vigilancia Aduanera, entre marzo y junio de 2012, aparece una interlocución entre Paula Prado y Ángel Espadas cuando salta a la luz pública la denuncia por fraude fiscal de Conde Roa, supuesto delito por el que acabó condenado y que forzó su salida de la Alcaldía de la capital gallega.

Otra de las interlocuciones recopiladas por Vigilancia Aduanera en este documento --que tiene fecha de abril de 2014-- se refiere a la llamada entre Luciano Prado y Ángel Espadas en abril de 2012 en la que el hermano de Paula Prado le dice al exjefe de gabinete de Conde Roa que "vio" las fotos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, que un año después de este diálogo publicó el periódico 'El País'.

Además, hay otra conversación del 18 de abril de 2012 en la que el hermano de Paula Prado, que es abogado, desvela que sabe que hay teléfonos "pinchados desde hace una semana" y que se había enterado ese mismo día, en que estuvo reunido con magistrados.

En junio de ese mismo año, aparece otra conversación en la que Paula Prado le comenta a Espadas que la información judicial "la puede obtener directamente de su hermano". En esta conversación, Ángel Espadas asegura a la entonces concejala popular que advirtió a Luciano Prado de que se "apartase" de Gerardo Conde Roa, al que veía capaz de denunciar en la prensa que el juez que llevaba su caso sobre fraude fiscal era "íntimo amigo del hermano de Paula Prado".

Por otro lado, también hay una conversación en la que participa José Luis Míguez --responsable de Aquagest en Santigo-- en la que advierte a otra persona de que un abogado le ha dicho que existen "conversaciones" grabadas y que se estaría investigando a esta empresa, cuando todavía no había saltado a la luz pública que en la 'Operación Pokémon' también indagaba sobre esta empresa, ya que entonces sólo se conocía las actuaciones sobre Vendex.

Además, en el sumario figura un informe específico sobre la denuncia a Gerardo Conde Roa por impago de impuestos, en el que Vigilancia Aduanera señala que "el marido" de la que era coordinadora de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Santiago, Mar Hinojosa --que está imputada en otra causa, por la denuncia de un policía--, sabía que estaban investigando a Conde Roa por supuesto fraude fiscal, como así se lo comunicó al entonces concejal de Tráfico, Albino Vázquez.

Vigilancia Aduanera sugiere que "puede tratarse que alguien filtrara información desde el juzgado" sobre la próxima imputación de Gerardo Conde Roa. De esta forma, establece que la cadena de información pasó por Luciano Prado y el marido de Mar Hinojosa, que después informó a Albino Vázquez.

Cuando salta a la prensa la noticia sobre Conde Roa, Henry Laíño --director de Aquagest en Galicia-- y José Luis Míguez --responsable de esa empresa en Santiago-- hablan de la concesión en Santiago y de que se les pueden truncar sus planes.

En esa interlocución, el responsable de Aquagest en la capital gallega señala que el día anterior llevó a Conde Roa a casa (era algo habitual, según figura en el sumario), y que "intentaron parar a los jueces, pero que esto (por el fraude fiscal al no abonar 291.000 euros de IVA de viviendas construidas por su promotora) no tenía defensa".