Las entidades piden que se condone la deuda de luz y gas a los pobres

Las empresas de suministro tienen ganancias suficientes para condonar la deuda de los más vulnerables. Esta fue la petición que ayer hicieron la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, la Mesa del Tercer Sector y la Alianza contra la Pobreza Energética, que denunciaron los retrasos para cumplir las resoluciones del pleno del Parlament contra la pobreza.

Las entidades creen que el decreto que establece postergar los recibos agrava más la situación de las familias y creen que es necesario ir más allá. “Es muy importante que se llegue a grandes acuerdos en los que ganen todos y no solo unos”, pidió Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa. El lunes se celebrará una reunión la Mesa contra la Pobreza Energética, en la que participarán la Generalitat, las eléctricas y las entidades.

Los vecinos y Guiteras esperan que allí la Generalitat por fin entregue el balance del impacto de la tregua que aprobó el Departamento de Empresa el pasado noviembre y al menos muestre un borrador de la nueva norma, teniendo ante la cercanía del invierno.

Más valor en bolsa

La Generalitat dice que ofrecerá ese informe en sede parlamentaria. Según datos recogidos por este diario, solo 200 familias habían logrado acogerse a la tregua de la Generalitat hasta junio. No se incluyen las de Barcelona, donde se han dado 2.842 ayudas puntuales para pagar los recibos, que salen de presupuesto municipal.

Para la tregua, la Generalitat pedía que las familias no tuvieran ingresos superiores a 7.967 euros anuales, que se hubieran aplicado todas las medidas para reducir el consumo y acreditaran que tenían contratada la tarifa social. Todo tenía que estar certificado por los servicios sociales. El 10% de los catalanes tiene problemas para mantener su hogar a la temperatura adecuada.

“El decreto ha sido ineficaz e ineficiente”, criticó el portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Eloi Badia. Las entidades piden a la Generalitat que especifique el perfl del pobre energético, que no haya cortes a personas en situación vulnerable y que se garantce un mínimo vital (100 litros de agua por persona y día y 2000 kWh anuales) y se actualice el IPC del índice de renta de suficiencia, el baremo para determinar las ayudas.

Badia criticó “la frialdad” con la que las eléctricas tratan el tema. “Desde el inicio de 2014 estas empresas han aumentado su valor en bolsa más del 20%”, apostilló.