P&O estudia llevar al Constitucional el pago de 11,2 millones a Bizkaia

La empresa P&O Ferries, condenada por el Tribunal Supremo a devolver 11,2 millones a la Diputación de Bizkaia por el caso de los bonos, sopesa la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Así lo reconoció ayer la compañía desde su sede en la ciudad británica de Dover, donde admitió que “estaba estudiando” la respuesta a la sentencia que les causó una lógica sorpresa tras los fallos en sentido contrario en juzgados vizcaínos. Un portavoz de este grupo no descartó tampoco la opción de afrontar el pago que se le reclama, aunque reconoció que “de momento es muy pronto para tomar una decisión definitiva”, informa Eneko Ruiz Jiménez.

La Diputación de Bizkaia guardó un prudente silencio ayer después de que difundiera el lunes el contenido de esta sentencia que le supone un éxito judicial y político. No obstante, los propios servicios jurídicos del ente foral admitieron la posibilidad de que dispone P&O para recurrir la sentencia aunque prefirieron retener cualquier valoración oficial hasta conocer el posicionamiento definitivo de la empresa de ferrys.

Según expertos jurídicos consultados ayer por EL PAÍS, la viabilidad de un recurso de P&O ante el Tribunal Constitucional se antoja “complicada” porque siempre requiere para que prospere de un carácter “excepcional” tanto en la “admisión como en la estimación”. La empresa fundamentaría el recurso de amparo ante el Alto Tribunal al entender que la sentencia del Supremo ha infringido el artículo 24 de la Constitución española, relativo al derecho de tutela judicial efectiva.

Entre las motivaciones que la parte demandante podría alegar para justificar el amparo figuraría una supuesta incongruencia entre sentencias sobre el mismo objeto. Así, podría entenderse que se ha puesto en cuestión la eficacia de anteriores resoluciones sobre el mismo caso. Con todo, la razón comúnmente más reiterada en la base de estos recursos de amparo estriba en la duda razonable de la prueba.

No obstante, las fuentes consultadas reiteran el “escaso porcentaje” de admisión de estos recursos de amparo por parte del Constitucional. En el caso de que fue desestimada en esta instancia, P&O podría recurrir, incluso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aunque en este supuesto las posibilidades se antojan aún más remotas. Cabe recordar que en 2007 la Comisión Europea consideró ayuda de Estado el acuerdo alcanzado por la Diputación de Bizkaia y la empresa del ferry Santurtzi-Portsmouth para la compra de 46.500 vales para viajar en esta línea.

De momento, la empresa condenada a devolver 11,2 millones a Diputación dispone de un mes para hacer efectivo su recurso de amparo ante el Constitucional. Transcurrido este plazo, el Tribunal Supremo comunicará a un juzgado de instancia de Bilbao que se proceda al cumplimiento de esta sentencia.

En el ámbito político, el PP respondió al diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, que es "una buena noticia para las arcas vizcaínas", pero que obedece a “ la mala praxis de la Diputación foral, porque extraviaron los billetes, y solo por eso, por lo que hemos encadenado litigios”. Idoia Mendia, por su parte, respondió a Bilbao que “también debería pedir disculpas públicas por muchas declaraciones que ha hecho y, sin embargo, no se las he escuchado”.