Los 500 pisos prometidos por la Xunta a desahuciados se quedan en 33

De los 500 pisos prometidos por la Xunta para familias desahuciadas de sus casas, solo se han adjudicado 33, según datos del Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS) divulgados ayer por el PSdeG. El diputado socialista en el Parlamento gallego Xosé Sánchez Bugallo denunció que estas cifras demuestran el “alarmante déficit de sensibilidad social” del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. Bugallo también criticó a la Xunta por abordar este asunto con una “evidente descoordinación” ya que “las viviendas dependen de una consellería y la gestión de estos casos familiares de otra”.

 Bugallo, exalcalde de Santiago, exigió al Gobierno autónomo una solución para una familia de esa ciudad desahuciada el pasado viernes en el barrio de Aríns. Un matrimonio en paro, sus dos hijos menores y una persona mayor con problemas de movilidad se han quedado en calle. Durante el desalojo, la policía detuvo a uno de los activistas de Stop Desahucios que trataban de impedirlo e identificó a varios de ellos. “Los vecinos de Aríns, y junto con ellos todos los gallegos a través de los medios de comunicación, pudieron asistir atónitos y avergonzados a las escenas en las que un equipo entero de la Unidad de Intervención Policial se empleaba a fondo para hacer cumplir una sentencia judicial que privaba de su vivienda a una familia en paro”, denunció ayer Bugallo, quien urgió a la Xunta a buscar un techo para estas personas.

Mientras, el alcalde de Santiago, Agustín Hernández, justificó que ha sido la propia familia afectada la que se ha desentendido de la ayuda ofrecida por la Administración. Hernández prometió que estará “al lado de cualquiera que tenga un problema con su vivienda” o que haya sufrido un desahucio, pero advirtió: “La Administración no puede estar detrás de la gente”.

Hernández explicó que los servicios sociales del Ayuntamiento ofrecieron a principios de este mes “ayuda a una persona que supuestamente estaba encamada”, pero esta la rechazó porque “decidió de forma libre que tenía una alternativa para su domicilio”. Al padre de familia se le remitió al IGVS. “Allí se le atendió, se le explicaron los requisitos y la documentación que tenía que presentar. Y esa persona no volvió”, aseguró Hernández. Los colectivos antidesahuicios se han quejado de que es la burocracia del IGVS la que disuade a los afectados.