El anterior gobierno de Ourense, de nuevo ante el juez por un caso urbanístico

Legalizar una gran urbanización con orden de derribo y pagar una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado irregularidades en la obra, ha llevado ante el juez a todo el gobierno bipartito de Ourense de la pasada legislatura. El juez de instrucción número 1 investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos por dos Juntas de Gobierno de los años 2007 y 2009, en las que los ediles ourensanos legalización una operación urbanística urdida en los años noventa que derribó un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterráneo.

El exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, no quiso prestar declaración ante el juez. Sí testificaron el actual regidor Agustín Fernández, la edil Ana Garrido, el exconcejal Demetrio Espinosa –todos del PSdeG– así como el exteniente de alcalde nacionalista Alexandre Sanchez Vidal. Todos aseguraron al instructor que firmaron los acuerdos sin leer nada “porque es el proceder habitual” ya que “confían” en las gestiones e informes realizados por Urbanismo. Justo antes de acceder al Palacio de Justicia, el actual regidor declaró sentirse “especialmente satisfecho y orgulloso” por haber evitado el derribo y el pago de indemnizaciones mediante un proceder “ajustado a la legalidad” que ahora investiga la justicia. El exconcejal del BNG, Sánchez Vidal, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para deslizar críticas hacia la justicia porque, en su opinión, “algo falla si los imputados son los que intentan arreglar los desastres que dejó el PP” mientras los gobernantes que provocaron la “desfeita” permanecen “por ahí felices como perdices”. “No hicimos nada ilegal”, insistió.

La promoción urbanística que ha imputado a los políticos ourensanos fue ilegalizada, entre otras razones, porque los tribunales consideraron público el subsuelo ocupado por el aparcamiento que hay bajo la plaza y que gestiona una empresa privada sin concurso alguno. Para evitar el derribo y el pago de indemnizaciones millonarias, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y un abogado externo contratado como asistencia técnica, acordaron legalizar toda la obra en base a un informe elaborado por este letrado coruñés que también está imputado en la causa. Y es que ningún técnico municipal quiso avalar la operación con su firma.

Tras aquella legalización, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró la inejutabilidad del derribo. Paralelamente a este proceder, los políticos ourensanos también acordaron el pago de una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado por la vía de lo contencioso-administrativo un perjuicio de luces en su vivienda. Tras el pago con fondos públicos, la vecina retiró la demanda que había interpuesto contra el Ayuntamiento. Este caso, iniciado tras una denuncia del grupo político de la oposición Democracia Ourensana a la que posteriormente se sumó un empresario, es una de las diez instrucciones judiciales que ha imputado al gobierno de Ourense. La instrucción de uno de ellos –el que indaga la adjudicación supuestamente irregular de la reforma de la calle Bedoya– concluirá en pocas semanas y según fuentes de la investigación, su cierre podría suponer la apertura de juicio oral a todo el gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas.