Santiago Calatrava declarará como imputado el 28 de octubre

El titular del juzgado de Instrucción 5 de Castellón ha citado a declarar como imputado a Santiago Calatrava el próximo 28 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha informado este martes de la nueva citación después de que el arquitecto no fuera localizado formalmente y no acudiera al primer interrogatorio fijado para el pasado 2 de septiembre. Calatrava declarará el próximo mes en la causa abierta por las presuntas irregularidades en torno al proyecto del llamado Centro de Convenciones que se iba a construir en Castellón y por el que cobró de la Generalitat 2,7 millones de euros en honorarios. El megaedificio, que no pasó de la maqueta, estaba presupuestado en 60 millones, pero el técnico presentó un proyecto de cien millones solo en su primera fase.

La citación se produce después de que el pasado 2 de septiembre el abogado de Calatrava comunicara al juzgado la intención de personarse en la causa y facilitar el proceso después de que el juez anunciara que, de no personarse, activaría otros métodos para dar con el imputado.

El sumario de la causa asciende ya a unas 900 páginas en dos tomos. La investigación se ha abierto, tal y como explicó ayer el diputado autonómico de EU Ignacio Blanco, a raíz de la denuncia que el grupo presentó en 2011 y que, aunque fue inicialmente archivada por la fiscalía de Castellón, un juzgado de Torrevieja decidió judicializar y pasó el asunto a los tribunales de la capital de La Plana.

El caso del Centro de Convenciones recayó en Instrucción 5, que ha decidido investigar a fondo todo el trámite y para ello ha llamado ya a declarar como imputados a Fernando Benzo, exresponsable de la oficina de Calatrava, Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda, y Javier de Diego, exdirector de la empresa pública SPTCV. Los dos primeros pidieron la desimputación y el archivo de la causa al juez, quien se negó y continuó las diligencias citando a Santiago Calatrava y a Nicolás Figueres, exdirector general de la SPTCV.

El fiscal que lleva el caso, Juan Salom, ha solicitado recientemente el archivo de la causa para los tres imputados que han declarado hasta la fecha, y ha remitido la petición en un momento en el juzgado ha mostrado claras intenciones de continuar averiguando si se dieron irregularidades en la contratación. El juez titular no ha tomado ninguna decisión al respecto.

El titular del juzgado quiere esclarecer varias cuestiones sobre este frustrado proyecto. Entre ellas, por qué la Generalitat cerró un contrato con el arquitecto para una obra tan importante y sin un concurso abierto. Para ello solicitó al gobierno valenciano que presente el informe técnico o la motivación que acredite la especificidad artística del proyecto que motivó esta contratación sin publicidad arguyendo un supuesto fin artístico. En estos casos la legislación permite este tipo de contratos.

También quiere saber el tribunal por qué razón y en base a qué requisitos (si de la Generalitat o del Ayuntamiento de Castellón), Santiago Calatrava presentó un proyecto que excedía considerablemente lo que exigía el contrato y conllevaba sobrecostes. El arquitecto presentó y un proyecto de tres edificios en una parcela de 48.240 metros cuadrados (y no de los 17.000 previstos) con un coste de cien millones de euros solo en la primera fase. El presupuesto era de 60 millones. Técnicos de la Generalitat llegaron a estimar que el nuevo diseño implicaría un gasto de hasta 180 millones. El gobierno valenciano pagó 2,7 millones en honorarios a pesar de que, como consta en varios documentos, el proyecto no cumplía con los requisitos del contrato.