Un derribo inicia la Operación Canalejas
OHL tira el edificio del número 6 de la calle de Alcalá tras desmontar su fachada protegida. El Ayuntamiento defiende la legalidad de las obras
El proyecto urbanístico para convertir en un complejo de lujo los seis edificios ubicados en la plaza de Canalejas y en los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá ha arrancado con la demolición de uno de ellos.
La fachada del inmueble en el número 6, que está protegida por el Ayuntamiento por su valor histórico-artístico, ha sido desmontada para ser restaurada e instalada después sobre un edificio de nuevo cuño, puesto que el interior se está tirando abajo. El área municipal de Urbanismo asegura que estos trabajos cuentan con la licencia preceptiva, y fueron sancionados por la Comisión de Patrimonio Histórico.
La parcela tiene 368 metros cuadrados y una superficie construida de 2.412. El inmueble, de uso comercial y oficinas, fue usado en 1974 para ampliar la sede anexa del Banco Central Hispano; de hecho, carecía de acceso desde la calle. El Ayuntamiento aseguró en 2007 que “es el edificio de la manzana con menor interés arquitectónico e histórico”, porque “surge en una época a la que no pertenece como un intento inútil de emular su entorno”.
La conocida como Operación Canalejas pretende convertir este conjunto de seis edificios en uno solo, que albergará un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons, con 215 habitaciones y 26.000 metros cuadrados de superficie; 35 pisos de lujo sobre una superfie de 6.000 metros cuadrados; y un centro comercial de 16.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas.
El Grupo Villar Mir, impulsor de la operación, compró los inmuebles en 2012 al banco Santander por 215 millones de euros; el coste de la obra, a cargo del estudio Lamela, asciende a 285 millones y su fecha prevista de finalización es otoño de 2016.
La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio interpuso en marzo una denuncia por expoliación ante el Ministerio de Cultura, al considerar que la modificación urbanística aprobada por el Gobierno regional (PP) en enero a propuesta del Ayuntamiento (PP) facilita la destrucción de patrimonio histórico protegido.
El líder municipal de IU, Ángel Pérez, coincide en ver “desprotección y expolio en beneficio de especuladores privados”, y ha solicitado que la paralización de esta operación “innecesaria”.
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