Un Campus por 1.320 millones

La Ciudad de la Justicia de Madrid sigue siendo eso: una idea. Con 11 años de vida, no ha llegado a considerarse patrimonio inmaterial pero casi. Nunca ha existido más que como concepto. Eso sí, se trata de una idea valorada inicialmente en 500 millones de euros. Sin liquidez, el Gobierno regional quiere retomarlo mediante una concesión por 30 años en los que pagaría a una adjudicataria 44 millones anuales —de los 378 del presupuesto total de Justicia—, equivalentes a los que la Comunidad gasta en los alquileres de las distintas sedes judiciales. La cantidad ascendería a 1.320 millones.

La Comunidad de Madrid ha gastado entre 100 y 200 millones –el Gobierno regional no podía facilitar el pasado viernes “esos datos concretos” y las cuentas no se publican desde 2009— en mantenerla viva hasta el día de hoy, contando la adquisición de los 220.000 metros cuadrados de Valdebebas, los 19,3 millones que costó levantar el único edificio construido –el Instituto de Medicina Legal, conocido por su forma como “el donut”- de los 14 que preveía el proyecto inicial y una vigilancia de 24 horas que se ha mantenido hasta ahora.

Desde el año 2008, con la llegada de la crisis económica, ese concepto languidecía, moría lentamente por abandono y se oxidaba progresivamente en esos terrenos al norte de la capital, pegados a la ciudad deportiva del Real Madrid. Hace unos meses, justo antes del verano, el Consejero de Justicia, Salvador Victoria, reconocía a este periódico que se trataba de una idea defenestrada, “perteneciente al pasado”, que “se quedó ahí” e incluso recordaba el interés manifestado por distintos dirigentes de la Comunidad para que fuese liberada de estas competencias, que le obligan a asumir los gastos materiales y de personal de esta administración. Sin embargo, la semana pasada el presidente de la Comunidad, Ignacio González, sorprendía a todos con un anuncio en el debate del Estado de la Región que resucitaba el proyecto que en su día impulsara su predecesora, Esperanza Aguirre. La idea de la Ciudad de la Justicia resurgía así de entre los arbustos y los lodazales que la atenazan, justo después de que –este verano—se disolviese la sociedad que en teoría debió llevar a cabo el proyecto inicial, el mismo que aún aparece en la Wikipedia ligado a nombres como Norman Foster o Zaha Hadid.

“Una vez que nuestra región ofrece signos de recuperación, es el momento de poner en marcha un nuevo proyecto de financiación y construcción de la ciudad judicial de Valdebebas, donde se ubicarán los tribunales de Justicia de Madrid”, dijo, en un mes en el que están previstas concentraciones todos los jueves frente a los juzgados de Plaza Castilla para protestar por las tasas judiciales que incorpora el llamado Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y y en defensa del Turno de Oficio.

No son las únicas protestas que se han registrado en esta administración en los últimos tiempos en los que, aparte de la contestada reforma de la Ley del Poder Judicial promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, jueces , abogados, fiscales y funcionarios han hecho notar las carencias que estrangulan al sistema judicial, sumido en un atasco sin precedentes que se visibilizaba en juzgados con carpetas y cajas llenas de asuntos pendientes por los suelos a falta de estanterías.

La situación es límite en una Comunidad en la que la administración de Justicia está desperdigada en 19 edificios por el centro de la capital, con dotaciones materiales y de personal insuficientes, tal y como reconoció el consejero y manifestaba en la presentación de su memoria anual esta misma semana el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo de Porres, que instaba al gobierno regional a poner en marcha un plan de mejora de los edificios judiciales a cuatro años hasta que se desarrolle el proyecto del Campus de la Justicia.

A estas alturas, y aunque fuentes de la Comunidad aseguran que el edificio del arquitecto Alejandro Zaera-Polo, el único que se construyó y que hará las veces de Instituto de Medicina Legal, está a falta de “unos remates con las cámaras frigoríficas y todo” para poder empezar a funcionar, pocos confían en que se culmine el proyecto. En esta ocasión se sacará a concurso público en los próximos meses y se pretende adjudicar para el verano próximo. La concesionaria tendrá opción de aprovechar el espacio sobrante en unos terrenos pensados para albergar 14 edificios, pero en los que, según este último proyecto, se construirán 11 con un criterio primordial de “funcionalidad”. Con el rescate de esta idea el Gobierno dice dar “prioridad” a la administración de Justicia y, sobre todo, se sacaría la espina de la inversión realizada en esos 220.000 metros cuadrados hasta ahora baldíos.