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Un Campus por 1.320 millones

La Comunidad recupera el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que originalmente costaría 500 millones, mediante una concesión que saldría por el triple

Patricia Ortega Dolz
Vista de los terrenos del Campus Ciudad de la Justicia en Valdebebas, donde sólo se construyó la sede del Instituto de Medicina Legal.
Vista de los terrenos del Campus Ciudad de la Justicia en Valdebebas, donde sólo se construyó la sede del Instituto de Medicina Legal.LUIS SEVILLANO

La Ciudad de la Justicia de Madrid sigue siendo eso: una idea. Con 11 años de vida, no ha llegado a considerarse patrimonio inmaterial pero casi. Nunca ha existido más que como concepto. Eso sí, se trata de una idea valorada inicialmente en 500 millones de euros. Sin liquidez, el Gobierno regional quiere retomarlo mediante una concesión por 30 años en los que pagaría a una adjudicataria 44 millones anuales —de los 378 del presupuesto total de Justicia—, equivalentes a los que la Comunidad gasta en los alquileres de las distintas sedes judiciales. La cantidad ascendería a 1.320 millones.

Una urbe fantasma

  • En 2003 la Comunidad de Madrid presenta un Plan de Modernización de la Administración de Justicia que incluía un ambicioso proyecto para agrupar, en un mismo espacio, todos los órganos judiciales con sede en Madrid, a excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Ese proyecto se conoce como el Campus de la Justicia.
  • El objetivo era acabar con la dispersión de las sedes judiciales madrileñas: 178.382 metros cuadrados distribuidos en 19 edificios diferentes de la capital.
  • El 23 de diciembre de 2004 el Ayuntamiento aprobó el Plan Parcial del Parque de Valdebebas y el día 24 el Consejo de Gobierno autoriza la constitución de una sociedad mercantil de carácter público llamada Campus de la Justicia de Madrid para construirlo.
  • Se convoca un concurso internacional de ideas en 2005 y gana el proyecto 73737 de los arquitectos Frechilla y López-Peláez: habría 14 edificios circulares.
  • El 1 de febrero de 2007 arrancan las obras.
  • En 2008 estalla la burbuja inmobiliaria y se paraliza la venta de los edificios de las antiguas sedes judiciales en el centro de la capital. Con ello desaparece la fuente de financiación.
  • En 2012 surgen ideas para relanzar el proyecto. como la Ciudad de la Justicia Low Cost, pero nunca se llega a un plan de actuación.
  • En el verano de 2014 se liquida la sociedad Campus de la Justicia, lo que da pie a reimpulsar un nuevo proyecto.

La Comunidad de Madrid ha gastado entre 100 y 200 millones –el Gobierno regional no podía facilitar el pasado viernes “esos datos concretos” y las cuentas no se publican desde 2009— en mantenerla viva hasta el día de hoy, contando la adquisición de los 220.000 metros cuadrados de Valdebebas, los 19,3 millones que costó levantar el único edificio construido –el Instituto de Medicina Legal, conocido por su forma como “el donut”- de los 14 que preveía el proyecto inicial y una vigilancia de 24 horas que se ha mantenido hasta ahora.

Desde el año 2008, con la llegada de la crisis económica, ese concepto languidecía, moría lentamente por abandono y se oxidaba progresivamente en esos terrenos al norte de la capital, pegados a la ciudad deportiva del Real Madrid. Hace unos meses, justo antes del verano, el Consejero de Justicia, Salvador Victoria, reconocía a este periódico que se trataba de una idea defenestrada, “perteneciente al pasado”, que “se quedó ahí” e incluso recordaba el interés manifestado por distintos dirigentes de la Comunidad para que fuese liberada de estas competencias, que le obligan a asumir los gastos materiales y de personal de esta administración. Sin embargo, la semana pasada el presidente de la Comunidad, Ignacio González, sorprendía a todos con un anuncio en el debate del Estado de la Región que resucitaba el proyecto que en su día impulsara su predecesora, Esperanza Aguirre. La idea de la Ciudad de la Justicia resurgía así de entre los arbustos y los lodazales que la atenazan, justo después de que –este verano—se disolviese la sociedad que en teoría debió llevar a cabo el proyecto inicial, el mismo que aún aparece en la Wikipedia ligado a nombres como Norman Foster o Zaha Hadid.

“Una vez que nuestra región ofrece signos de recuperación, es el momento de poner en marcha un nuevo proyecto de financiación y construcción de la ciudad judicial de Valdebebas, donde se ubicarán los tribunales de Justicia de Madrid”, dijo, en un mes en el que están previstas concentraciones todos los jueves frente a los juzgados de Plaza Castilla para protestar por las tasas judiciales que incorpora el llamado Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y y en defensa del Turno de Oficio.

No son las únicas protestas que se han registrado en esta administración en los últimos tiempos en los que, aparte de la contestada reforma de la Ley del Poder Judicial promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, jueces , abogados, fiscales y funcionarios han hecho notar las carencias que estrangulan al sistema judicial, sumido en un atasco sin precedentes que se visibilizaba en juzgados con carpetas y cajas llenas de asuntos pendientes por los suelos a falta de estanterías.

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La situación es límite en una Comunidad en la que la administración de Justicia está desperdigada en 19 edificios por el centro de la capital, con dotaciones materiales y de personal insuficientes, tal y como reconoció el consejero y manifestaba en la presentación de su memoria anual esta misma semana el presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo de Porres, que instaba al gobierno regional a poner en marcha un plan de mejora de los edificios judiciales a cuatro años hasta que se desarrolle el proyecto del Campus de la Justicia.

A estas alturas, y aunque fuentes de la Comunidad aseguran que el edificio del arquitecto Alejandro Zaera-Polo, el único que se construyó y que hará las veces de Instituto de Medicina Legal, está a falta de “unos remates con las cámaras frigoríficas y todo” para poder empezar a funcionar, pocos confían en que se culmine el proyecto. En esta ocasión se sacará a concurso público en los próximos meses y se pretende adjudicar para el verano próximo. La concesionaria tendrá opción de aprovechar el espacio sobrante en unos terrenos pensados para albergar 14 edificios, pero en los que, según este último proyecto, se construirán 11 con un criterio primordial de “funcionalidad”. Con el rescate de esta idea el Gobierno dice dar “prioridad” a la administración de Justicia y, sobre todo, se sacaría la espina de la inversión realizada en esos 220.000 metros cuadrados hasta ahora baldíos.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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