Pesadilla para lograr un piso social

El Consorcio de la Vivienda de Barcelona ya ha fijado qué condiciones deberán cumplir las familias desahuciadas para tener derecho a un piso de protección. El Reglamento para la adjudicación de Viviendas de Emergencia sociales por la pérdida de la vivienda es de gran importancia porque quien cumpla todos los requisitos podrá disponer de una vivienda con un alquiler social pero quien se quede fuera, no tendrá más remedio que buscarse la vida. Y según el documento, que la oposición ve como “una carrera de obstáculos”, los excluidos serán la mayoría de los demandantes.

El reglamento deja fuera a todas aquellas personas que estén ocupando una vivienda ya que solo considera como “una situación de emergencia” el hecho de que “una unidad de convivencia se encuentre en situación de pérdida inminente de su vivienda habitual legal”. Es decir, que si una familia ha dejado de pagar la hipoteca o el alquiler de su piso pero ha permanecido en él, como sucede en tantas ocasiones, ya pierde cualquier opción de optar a una vivienda social.

Las familias que superen este primer filtro deberán demostrar que la cuota que ya no pueden seguir afrontando supera el 30% de sus ingresos mensuales, ya que se entiende que si está por debajo, la pueden seguir afrontando. Este requisito no tiene porque ser un problema para las personas que cobran 1.000 euros al mes, pero puede ser una barrera infranqueable para las familias con ingresos más modestos, que al mismo tiempo son las que más necesidad tienen de un piso de emergencia.

Dejar de pagar la hipoteca y permanecer en el piso elimina al candidato

En el caso de que los demandantes logren superar estas dos condiciones, tendrán también que acreditar que son españoles, ciudadanos de la UE o que disponen del permiso de residencia. Todas aquellas personas que, por haber perdido el trabajo ya no hayan podido renovar el permiso, perderán cualquier opción a optar a un piso de emergencia. También se quedarán sin opciones aquellos que hayan rechazado un piso de protección en los últimos dos años o los que no dispongan de unos ingresos mínimos de 0,4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2014 se situó en 532 euros mensuales.

Si los solicitantes también logran superar estos requisitos tendrán que firmar un “contrato social” de buena conducta, algo que ha indignado a Ricard Gomà, presidente de ICV-EUiA en Barcelona. “No se puede hacer firmar de forma preventiva. Se trata de garantizar el derecho a la vivienda. A nadie se le obliga a firmar de forma preventiva que respetará las normas de la escuela pública o de un hospital”, agrega. Si a una familia cumple todos los requisitos y decide firmar el contrato social, todavía tendrá que cruzar los dedos porque la última cláusula lo deja todo abierto: “Aun así, en los supuestos que la Mesa considere, de forma razonada, que no se acredita suficientemente una situación de emergencia o considere que las causas que motivan la pérdida de la vivienda son imputables a los solicitantes” podrán rechazar la petición.

El texto se aprobó el 1 de julio y, después de incluir algunas alegaciones, ya tiene su aprobación definitiva. Al tratarse de un reglamento del Consorcio de la Vivienda, necesita el visto bueno del Ayuntamiento y de la Generalitat, pero no pasa por plenario. Según fuentes municipales, el objetivo del reglamento es “ser más ágiles, tener un marco de referencia bien estructurado, transparente y público”. Hasta la fecha, existía la Mesa de viviendas de emergencia pero carecía de un reglamento. Según la misma fuente, el reglamento “recoge la mayoría de criterios que ya aplicaba la mesa” y asegura que “seguirá estudiando caso a caso las situaciones que se presenten".

"El reglamento está redactado desde la perspectiva del gestor de la vivienda que quiere reducir los gastos que supone el servicio y tendría que estar redactado pensando en las familias que pierden la vivienda”, denunció Gomà, que ha presentado una pregunta sobre el reglamento en la próxima comisión de plenario. El político, que recordó que en Barcelona se producen “entre dos y tres desahucios cada día”, pronosticó que “siete de cada diez solicitantes” no cumplirán los requisitos.

Sally Arreaga, que ha sufrido un desahucio y desde hace años forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa lo tiene muy claro: “Es muy difícil que el Ayuntamiento ofrezca viviendas de emergencia a los desahuciados. Si hay niños por en medio, hay alguna posibilidad pero sigue siendo difícil. La mejor manera de conseguir un piso social es que el caso salga en los medios de comunicación”.