Un juez embarga a los propietarios del Talaso Atlántico de Oia

Se acumulan los problemas legales para el Talaso Atlántico de Oia, el hotel construido prácticamente sobre la roca junto al mar en Mougás con orden de derribo desde 2009. Después de que el Ayuntamiento se prestase finalmente y a regañadientes a encargar el estudio para tirar el complejo, un juzgado de Vigo ha dictado un embargo contra los dueños, los hermanos Jesús y José Pérez Gil, por una deuda con un exsocio que, entre el principal y los intereses, ronda el medio millón de euros.

La lista de propiedades que embargar es bastante exhaustiva y alcanza a las participaciones en las más de 20 sociedades que suman uno y otro hermano. También incluye a las dos a través de las que se gestiona el propio hotel, una como propietaria del inmueble y otra que lo alquila y presta los servicios hoteleros. El embargo resulta de una deuda cercana a los 300.000 euros de los Pérez Gil con Carlos Quintás, uno de los socios originales que se enemistó con los hermanos y acabó saliendo de la empresa a cambio de la compra de sus participaciones. A la hora del pago hubo problemas que acabaron en un largo proceso concluido en abril con la condena al abono de aquellos 300.000 euros, que sumados intereses son casi 500.000.

El hotel está en una situación legal precaria. Tras recibir 4,5 millones de euros de ayudas para su construcción —incluidas indemnizaciones por los daños de la marea negra del Prestige— los tribunales acabaron determinando que la ordenanza municipal que habilitó su construcción era ilegal, porque no había llegado a aprobarse. Desde hace cinco años el gobierno local se hace de rogar para ejecutar el derribo, hasta el punto de que el regidor, el popular Alejandro Martínez, recibió sucesivos apercibimientos de un juzgado de Pontevedra, que le avisaban de que si no ponía en marcha el proceso le impondría multas sucesivas de 1.500 euros.

Los propietarios y el alcalde confían en que un nuevo plan de ordenación pueda legalizar la situación del complejo y recabaron el apoyo de otros regidores de la zona, del actual presidente de los empresarios gallegos, José Manuel Fernández Alvariño. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo en enero que estaba buscando una “solución legal”.