Areso dice que está obligado a alquilar el local a Sare para el acto de los presos

El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha transmitido al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que el Ayuntamiento tiene la "obligación legal" de alquilar el pabellón de Miribilla para un acto contra la dispersión de los presos de ETA previsto para el próximo día 20.

En declaraciones a Efe, Areso ha explicado que ha comunicado al representante del Ejecutivo central en Euskadi que, salvo que un juez suspenda el acto, lo que "evidentemente" se acataría, el Ayuntamiento entiende que está "obligado" legalmente a ceder el pabellón Bilbao Arena porque los solicitantes "cumplen los requisitos" establecidos para estos alquileres.

El alcalde de Bilbao ha respondido así a la carta que le envió Carlos Urquijo, en la que el delegado del Gobierno le pedía que no cediera dicho pabellón para el acto contra la dispersión organizado para el próximo día 20 por la red ciudadana en defensa de los derechos de los presos de ETA, Sare.

Areso ha asegurado que un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento expone que el alquiler del pabellón no supone "ninguna infracción a las leyes de víctimas" del terrorismo y que, en cambio, la denegación del permiso "podría atentar contra otros derechos y valores de tipo legal también".

Areso comunica a Urquijo que consultó con la asesoría jurídica sobre la cobertura legal

El alcalde ha detallado que en su contestación a Urquijo expone que el pabellón de Miribilla ha sido construido "con los impuestos de todos los ciudadanos" y que el Consistorio "tiene la obligación de la no discriminación siempre que se sigan las reglas que están establecidas para su alquiler".

"Eso tiene un límite: que no se infrinja la legalidad", ha subrayado. Al mismo tiempo, Areso ha transmitido a Urquijo que, en su "apreciación personal", el que "las personas que han cometido graves delitos y están condenados por ellos cumplan sus condenas en centros penitenciarios más próximos a su domicilio, no incumple las leyes de víctimas del Parlamento vasco ni del Parlamento español, ni tiene que suponer un desdoro para las propias víctimas".

El alcalde ha señalado que, más allá de su opinión personal, consultó el asunto con la asesoría jurídica municipal para que indicase, desde el punto de vista de la legalidad, "qué había que hacer".

La asesoría examinó las leyes de víctimas y el cumplimiento de las normas municipales para el alquiler de locales, en aspectos como la no discriminación y el libre acceso, y concluyó que no había "ninguna infracción" a las leyes de víctimas, pero que la denegación del permiso podría atentar contra otros derechos, ha precisado Areso.