Inhabilitado nueve años un exalcalde de Miraflores

Un exalcalde de Miraflores de la Sierra, Francisco José Esteban Esteban (PSOE), ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para cargos públicos por un delito de prevaricación. El regidor aprobó en 2007 la construcción de una urbanización en la cuenca de un arroyo desoyendo informes geológicos que lo desaconsejaban. La sentencia, que se conoció ayer, considera que tomó una decisión “arbitraria y consciente” al haber sido advertido por un informe técnico previo.

Esteban aprobó por decreto el 26 de enero de 2007 el proyecto de El Tomillar en una parcela de 38.452 metros cuadrados, donde estaba previsto edificar 98 casas en solares de 200 metros. El día anterior, los Servicios Municipales del Ayuntamiento habían emitido un informe en el que remitía una copia a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que “aclarara la viabilidad del desarrollo urbanístico”. Poco después comenzaron las obras, que fueron paralizadas el 15 de mayo por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Colmenar Viejo como medida cautelar por la denuncia presentada por la plataforma vecinal SOS Miraflores. La Confederación denegó la autorización del proyecto en febrero del año siguiente. Para entonces ya se habían construido cuatro muros de contención que aún están en pie.

La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 31 de Madrid considera a Esteban autor continuado de un delito de prevaricación administrativa: “Nos hallamos ante la adopción de una resolución que es evidentemente arbitraria, por ser a simple vista contraria a la legalidad al aprobar el proyecto antes de un trámite preceptivo esencial”. Esteban considera que el requisito de remitir la copia a la Confederación era “meramente informativo” y que no determinaba la continuidad del proyecto: “El informe decía que se trataba de un trámite de mínima importancia. No hay un solo documento que me pidiera anular el proyecto. Con lo que tenía en la mesa mi obligación era aprobarlo”.

Las obras fueron paralizadas y aún siguen en pie cuatro muros

El entonces regidor, en el cargo desde 1999 hasta mayo de 2007, desmiente cualquier intención delictiva. “No me queda más remedio que acatar la sentencia, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Las alegaciones no me llegan a mí, sino a los servicios técnicos, que tienen total libertad para hacer lo que consideren oportuno”, replica Esteban, que aún no ha decidido si recurrirá la decisión.

El proyecto incluía tres parcelas de uso residencial que ocupaban el cauce del arroyo Carrascal, afluente del arroyo del Valle, que a su vez confluye en el río Guadalix. El juez determinó que ocupaba el dominio público hidráulico y habla de zonas que se verían afectadas durante un máximo de 500 años. “¿No hay nada más importante que investigar en Madrid que un arroyo que está el 99% del año seco? Apenas cruza la zona en 140 metros y solo lleva agua cuando llueve”, critica el exalcalde.

La plataforma vecinal SOS Miraflores, integrada por vecinos y Ecologistas en Acción, y apoyada por la oposición municipal (PP e IU) denunció el proyecto por “carecer de plan parcial y por inestabilidad geológica del terreno”. El portavoz de la agrupación, Félix Sánchez, se muestra preocupado por las consecuencias que pueden tener los cuatro muros de cemento armado que aún resisten. “No quiero ser alarmista, pero una riada podría llevárselos por delante como ya ocurrió en Las Vitaminas”. Parte del muro de contención de esta urbanización de Miraflores se vino abajo en noviembre de 2006 por la presión del agua acumulada tras un periodo intenso de lluvias.

“Ningún documento me pedía anular el proyecto”, replica el exalcalde

Esteban, administrativo de 55 años, se declara profano en la materia. “Yo no entiendo nada de urbanismo y la técnica dijo que los trámites [la aprobación de las obras y el informe de la Confederación Hidrográfica] podían llevarse a cabo a la vez. Nosotros somos un municipio pequeño [6.000 habitantes] y tenemos una persona por departamento. Si no te fías de la gente que te rodea, tienes que paralizar el Ayuntamiento”.

Los ecologistas se muestran satisfechos por la sentencia, aunque lamentan que sea necesario recurrir a la vía judicial para paralizar actuaciones urbanísticas que son “evidentemente ilegales”. Sánchez sostiene que el veredicto representa un “aviso a navegantes porque hay más proyectos urbanísticos por la zona y con esta noticia los dirigentes políticos se lo pensarán dos veces antes de aprobar proyectos urbanísticos”. Considera, sin embargo, que el alcalde es “el que menos culpa tiene” y que los “verdaderos responsables son los promotores”.