El ‘president’ peleará por la consulta en los tribunales

Si Mariano Rajoy anunció el lunes que “el Gobierno tiene preparadas todas las medidas que hay que tomar si alguien pretende celebrar una consulta ilegal”, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, también tiene claro que peleará en los tribunales para hacer el 9-N posible, pese a que las posibilidades de éxito sean muy reducidas.

En cuanto el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas el próximo día 19, Artur Mas firmará el decreto de convocatoria del referéndum. El mismo día por la tarde, la edición digital del Diario Oficial de la Generalitat publicará la ley y el decreto, por lo que el Gobierno ya podrá acudir a la justicia a partir del lunes 22. La ley catalana se impugnará ante el Tribunal Constitucional y se suspenderá cautelarmente de manera automática cuando se formalice el recurso. En cuanto al decreto de convocatoria de la consulta que firmará Mas, es recurrible ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En este caso se da por hecho que el Gobierno también reclamará la suspensión cautelar de la convocatoria, pero la tramitación será más lenta, porque, a diferencia de lo que ocurrirá en el Constitucional, se ha de dar traslado a las partes para que presenten sus alegaciones. En ese trámite, los servicios jurídicos de la Generalitat defenderán la legalidad de la convocatoria y es muy probable que los jueces del TSJC esperen a que se pronuncie el Constitucional.

Si la ley que ampara la consulta es declarada inconstitucional, el decreto de convocatoria que se deriva de ella también quedaría suspendido. En ese caso, los abogados de la Generalitat tampoco darían la batalla por perdida y apelarían ante el Tribunal Supremo, aunque eso no anularía la suspensión del decreto. Tras la suspensión cautelar, el Constitucional dispone de cinco meses prorrogables indefinidamente para decir si la levanta o la confirma, hasta que resuelva el fondo del asunto.

Tanto el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hicieron referencia ayer, en la apertura del año judicial en Madrid, a Cataluña. Y ambos para apelar a la unidad de España, donde, según Torres-Dulce, “todas las ideas y personas” tienen cabida. El fiscal general del Estado alabó la Constitución como la norma “que ampara, nunca la que dificulta, la convivencia pacífica entre los españoles”, informa María Fabra. Lesmes defendió que el respeto al Estado de derecho constituye una “exigencia ineludible” para pertenecer a la Unión Europea y que esta “lealtad institucional” impide el “cambio unilateral de las reglas del juego”.