El ex ‘número dos’ del PSC irá a juicio por enchufar a un cargo del tripartito

Daniel Fernández, exsecretario de Organización del Partit dels Socialistes (PSC), se sentará en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso del ex número dos de los socialistas catalanes contra el último auto del juez, que dio por concluida la investigación y apreció indicios de delito. La resolución del TSJC es firme, por lo que Fernández deberá ir a juicio. La Fiscalía Anticorrupción pide para él dos años de cárcel por haber presionado a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que diera un puesto de trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas.

Fernández permanece imputado por tráfico de influencias en una de las piezas separadas del caso Mercurio, que indaga la corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Sabadell. Además del exsecretario de Organización, están imputados por el enchufe de Montcada el exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos; su hermano y exconcejal de la localidad, Francisco Bustos; y la alcaldesa de Montcada que, presuntamente, sucumbió a las presiones de sus superiores en el PSC.

Según el fiscal, los acusados "se concertaron" para lograr el nombramiento de Carmina Llumà -que había sido secretaria general de Obras Públicas con el tripartito- en un cargo de responsabilidad en el Ayuntamiento de Montcada. Lo hicieron en detrimento de otra candidata y manipulando el proceso de selección, ya que Llumà no había superado las pruebas.

Fernández aparece en algunas conversaciones telefónicas que revelan esa operación. El diputado era secretario de Organización de los socialistas catalanes cuando ocurrieron los hechos. Al ser imputado, renunció a sus cargos orgánicos en el partido, pero no a su escaño en el Parlament. Fernández explicó que, cuando se abra juicio oral contra él y la resolución sea firme, pedirá a la Mesa del Parlament que le suspenda de sus derechos y deberes como diputado. En la práctica, eso significa que no perderá su condición de diputado, aunque ni percibirá un salario ni podrá participar en las votaciones.

Las defensas de Fernández y del resto de imputados pidieron el archivo de la causa mediante un recurso contra el auto del juez instructor. Ahora, sin embargo, la sala civil y penal del TSJC ha dado la razón al magistrado y considera que hay "indicios racionales de criminalidad" que aparecen explicados, demás, "con sumo detalle". Las alegaciones de la defensa, razonan los magistrados, "traspasan los límites propios de la fase instructora" Con el aval del TSJC, y después de que la Fiscalía haya solicitado penas de prisión para los acusados, el juez instructor del caso deberá dictar el auto de apertura de juicio oral.

Además de rechazar las peticiones de sobreseimiento, el auto del TSJC también avala la legalidad de las intervenciones telefónicas, una de las principales pruebas en esta pieza separada el caso Mercurio. La orden del juez de intervenir el teléfono de Bustos cumple los requisitos "de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y excepcionalidad". En las sucesivas prórrogas para mantener los teléfonos pinchados, el juez "detalló el grado de evolución de la investigación y los indicios racionales contra los investigados, por lo que "tuvo en todo momento un real y auténtico control de la medida".