EU critica la actuación de un juez del ‘caso Brugal’ por “dilatar la causa”

Esquerra Unida apenas se anda con rodeos en su último escrito al juez Juan Carlos Cerón, quien instruye la pieza del caso Brugal relativa al Plan Rabassa, un espacio de la ciudad de Alicante donde a través de un presunto amañó urbanístico se pactó entre el Ayuntamiento y el constructor Enrique Ortiz la ubicación de una tienda IKEA. La representación legal de EU es muy clara y atribuye a la acción del juez una intención de “dilatar la causa sine die”.

La última providencia del titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante denegando la citación para declarar de los testigos y la imputación de los acusados por EU de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho ha merecido un recurso de reforma del abogado José Luis Romero muy duro. Cerón, que ya fue obligado por la Audiencia Provincial el año pasado a abrir esta causa que él mismo cerró previamente en 2008, se negó en su providencia del pasado 28 de agosto a llamar como imputados a varias cargos públicos acusados como le pidió EU “por no existir en la causa indicios suficientes”.

"Los indicios delictivos son, no ya suficientes, sino vehementes", dice el letrado al juez en su recurso

Los acusados por la EU son: la alcaldesa, Sonia Castedo; el exalcalde Luis Díaz Alperi; el constructor, Enrique Ortiz, también imputado en Gürtel; Enrique Sanus, responsable de la Gerencía de Urbanismo; Isabel Campos, jefa del servicio jurídico de Urbanismo; Maria Àngels Ureña, secretaria autonómica de Medio Ambiente; además de dos responsables del Ministerio de Fomento, Francisco Javier Criado y Enrique Peiró.

“No admitimos que se diga”, protesta Romero en su recurso, “como hace la resolución recurrida, que no existan indicios suficientes pues ello resulta incierto y falaz”. En diversas partes del recurso, el letrado se explaya: “Los indicios delictivos sobre los acusados son, no ya suficientes, sino vehementes y justifican sobradamente su citación como imputados… Podríamos llenar cientos de folios con reseñas policiales sobre la actuación… Nos vemos en la necesidad de invocar el derecho fundamental a un juicio sin dilaciones indebidas”, etc.

Caso cerrado, caso reabierto

La pieza sobre el Plan Rabassa, una de la veintena de causas en las que se divide el caso Brugal, ya fue cerrada por el juez en mayo de 2008, cuando la investigación estaba en un estado incipiente. Según Cerón, porque no existían indicios de delito en las escuchas presentadas por la policía. Sin embargo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica seguían investigando a petición de otro juez de Orihuela un caso que vertebra toda la provincia de Alicante pero tiene especial resonancia en la comarca de La Vega Baja.

El constructor Enrique Ortiz, máximo contratista del Consistorio alicantino, tenía en 2008 negocios vegabejenses que estaban siendo investigados. Ortiz, al que gente cercana al caso dice que es “un adicto al móvil”, sin embargo seguía hablando de sus intereses en Alicante. Dos meses después del sobreseimiento del caso Rabassa, el empresario se interesaba por el Plan Rabassa.

“Quería darte una cosa, un minuto, vamos, para darte un plano”, le decía Enrique Ortiz en julio de 2008 a la concejal de Urbanismo y hoy alcaldesa, Sonia Castedo. El Ayuntamiento se encontraba elaborando el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, también hoy investigado en otra pieza independiente del caso Brugal. “Tres parcelas”, le decía el constructor a Castedo, “píntamelas de azul”. Supuestamente, este cambio iba destinado a convertir un suelo no urbanizable en urbanizable.

En su recurso a Cerón, Romero le recuerda al juez las distintas conversaciones en las que el constructor se dirige, por ejemplo, a Isabel Campos, jefa del Urbanismo de Alicante. “Escúchame”, le dice a Ortiz, “como no te voy a ver antes, la rotonda, el Ayuntamiento es consciente de que va a ir donde va y que en el modificado va a ir así y tal, y sin pegas, ¿vale?”.

El letrado también hace memoria al recordarle a Cerón que EU hubo de recurrir al fiscal cuando el juez se negó a reabrir la causa en 2012 para poder presentar recurso. "La Audiencia Provincial, frente a la negativa del juzgado, acordó dicha reapertura el 14 de mayo de 2013 por entender que de nuestra denuncia se desprendían indicios bastantes, que apunta a delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho..."