De León dice que solo fue intermediaria en las campañas investigadas en Gürtel

La exvicepresidenta de la Generalitat Paula Sánchez de León declaró este jueves que ella fue solo una “intermediaria” entre el también exvicepresidente Vicente Rambla y el Partido Popular valenciano en las dos campañas electorales investigadas por supuesta financiación ilegal en el seno del caso Gürtel. Sánchez de León, que salió del Ejecutivo valenciano en 2011 para convertirse en delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, cargo que abandonó en mayo, fue interrogada como testigo por espacio de una hora por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por los socialistas valencianos.

De León dijo no recordar muchas de las cuestiones que le fueron planteadas, según fuentes conocedoras de su declaración. Pero apuntó hacia otro de los imputados (además de Rambla), Ricardo Costa, al asegurar que era “el secretario general” quien se encargaba de las cuestiones económicas, incluidas las relaciones entre los populares y las empresas de la trama Gürtel, que se encargaron de las campañas investigadas, 2007 (autonómicas y municipales) y 2008 (generales).

Costa era secretario general en la segunda de las campañas, pero no en la de 2007, cuando ocupaba un peldaño inferior en el partido. La investigación considera, sin embargo, que en la práctica Costa también ejerció como tal en 2007, porque quien era formalmente secretaria general, Adela Pedrosa, que abandonó el cargo después de los comicios, estaba centrada en su candidatura a la alcaldía de Elda. Ni el juez ha imputado a Pedrosa ni la fiscalía le ha pedido que lo haga.

La exdelegada del Gobierno admitió haberse reunido con el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, cuatro veces en la sede de su empresa Orange Market. Una de esas veces, precisó, fue después de las elecciones y se trató el pago de los gastos de la campaña.

El abono de las facturas de los actos de campaña forma el núcleo de la causa. Según la fiscalía, parte de ellas fueron abonadas por seis empresas constructoras, que habrían encubierto los pagos simulando que Orange Market y otras sociedades del grupo de Francisco Correa les habían prestado diferentes servicios. La policía grabó conversaciones telefónicas en las que Pérez y otros cabecillas del grupo se quejaban de cuánto les costaba cobrar del PP.