El Supremo pide al fiscal que diga si los aforados delinquieron en los ERE

El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para investigar a los nueve aforados que la juez Mercedes Alaya considera salpicados por el fraude de los ERE de Andalucía. La Sala de lo Penal ha solicitado a la fiscalía que se pronuncie sobre la exposición razonada que la instructora ha remitido, que implica en el caso a dos expresidentes de la Junta (los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y otros siete exconsejeros del Gobierno autónomo (Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Ávila, Mar Moreno, Manuel Recio, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo).

La sala pide al fiscal que se pronuncie sobre la competencia para investigar el caso, algo que parece evidente, pero va más allá. Le pide que se pronuncie sobre el “fondo” del caso, es decir, si los aforados cometieron delito. La juez Alaya estima que los aforados diseñaron un procedimiento administrativo (las transferencias de financiación) que impedía la fiscalización de las ayudas que la Administración autónoma dio durante una década a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, y que, en su opinión, fue decisivo para que se produjera el fraude. Es más, la instructora estima que todo el fondo es ilegal, pese a que fue aprobado durante una década por el Parlamento a través de la Ley de Presupuestos. Alaya considera que la conducta de los aforados es constitutiva de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los políticos señalados siempre han sostenido que el uso de las transferencias de financiación (que sirven para financiar a empresas públicas con fondos del Gobierno autónomo y que son común en otras Administraciones) es perfectamente legal, algo que ha avalado la Intervención de la Junta pese a los reparos que puso durante años a su utilización.

Anticorrupción no ha explicitado su tesis sobre los parlamentarios

Y la petición que hace ahora el Supremo es relevante porque la Fiscalía Anticorrupción, tras casi cuatro años de instrucción, no se ha pronunciado de forma tajante sobre si considera delictivo que el Gobierno autónomo utilizase esta figura presupuestaria. Los fiscales que llevan el caso, cuyas colisiones con Alaya han sido constantes a lo largo de la investigación, sí llevan advirtiendo desde hace meses que el caso debía elevarse al Supremo al afectar a aforados, teoría que compartía también la Audiencia de Sevilla.

Alaya elevó finalmente la exposición razonada al Supremo a mediados de agosto. Las opciones jurídicas que se barajan, en caso de que se admita la causa, son tres: que el Supremo asuma al completo la investigación, que acumula más de 200 imputados, algo que parece improbable; que se quede con la parte que afecta a los aforados o que se la devuelva a Alaya para que siga adelante con sus pesquisas.

En la misma resolución en la que el Supremo solicita al fiscal que se posicione sobre los aforados, se designa al juez Miguel Colmenero ponente del caso. Cuando el fiscal se pronuncie acerca de si los aforados incurrieron o no en delito, la sala de admisión del Supremo decidirá sobre el futuro de la causa. Una vez que el caso llegó al Supremo, tanto Chaves como Griñán anunciaron su intención de declarar voluntariamente para exponer su versión de los hechos.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha pedido ser apartado de la sala de admisión del Supremo ya que intervino, aunque fuera de forma colateral, en los albores de la investigación. Siendo fiscal general del Estado, Conde-Pumpido asignó a Anticorrupción, en marzo de 2011, la responsabilidad del caso, informa Efe. Tras enviar el caso al Supremo, la juez Alaya ha seguido resolviendo distintos recursos pendientes.