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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La sangría de la formación

Los ciudadanos quieren saber cuánto y quiénes han sido los sinvergüenzas que se han llevado el dinero

Hace justo un año, el 7 de septiembre, la presidenta Susana Díaz afirmaba en su discurso de toma de posesión: “Quiero gobernar con las ventanas abiertas, para oír lo que dice la calle”.

Si las ha tenido abiertas este mes de agosto, habrá escuchado alto y claro lo que dice la calle: que está harta de la corrupción. Si los ERE, que ya están en manos del Tribunal Supremo, fueron una estocada en todo lo alto que dejó al Gobierno mal herido, el fraude en los cursos de formación para parados ha sido la puntilla.

Aunque no esté directamente implicado en ninguno de los dos casos, el Gobierno tiene la obligación de explicar a la ciudadanía qué ha pasado. Dónde han ido a parar los 750 millones de los ERE y los 950 de los cursos de formación que, según la juez Alaya, están pendientes de justificar de los ejercicios 2008-11. Cifra ésta que el PP cuadriplica, aunque sin aportar pruebas. Como mínimo, estamos hablando de unos 2.000 millones que se habrían escurrido por las oscuras tuberías de la Consejería de Empleo en una década.

Cumpliendo la promesa de ventanas abiertas, Susana Díaz ha tomado dos decisiones importantes este mes de agosto: una, publicar la relación de 1.162 empresas exoneradas, es decir, que no tuvieron que justificar el dinero recibido antes de percibir nuevas subvenciones. Y dos, la aprobación de una nueva ley que pondrá coto a la sangría de los fondos de formación: se eliminan las exoneraciones (de hecho Díaz las eliminó nada más llegar a la presidencia), todas las ayudas se darán por concurso público y las empresas deberán tener otros ingresos además de las subvenciones.

Hay que eliminar a los cazasubvenciones. Como el exconsejero socialista de Hacienda Ángel Ojeda, quien, según la policía, percibió 49,8 millones de euros, por lo que fue detenido e imputado. También ha sido expulsado del PSOE.

Por último, tras la presión feroz del PP para que se convocaran dos plenos extraordinarios, el Gobierno ha aceptado que el consejero de Educación, Luciano Alonso, responsable ahora de los cursos de formación, acuda este jueves 4 a una comisión extraordinaria para contar en el Parlamento lo que sabe sobre este gigantesco fraude. Anuncia “datos muy esclarecedores”.

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¿Es suficiente o habría que dar un paso más? ¿Una comisión de investigación? IU la descartaba hace unas semanas, pero la ve cada vez más necesaria. El PSOE la rechaza. Deberían pensárselo algo más. Les fue rentable mediáticamente la comisión de investigación de los ERE y han podido echarle en cara al PP que no haga lo mismo con la Gürtel.

¿Por qué no abrir esa ventana? Los ciudadanos quieren que por ella salga una explicación clara y veraz de cuánto se ha defraudado y quiénes han sido los sinvergüenzas que se han llevado el dinero.

@JRomanOrozco

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