Alaya suma seis nuevos imputados como intrusos en el ‘caso ERE’

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa a otras seis personas como supuestos intrusos (personas ajenas a las empresas), cinco de ellos relativos al expediente de la Faja Pirítica de Huelva. Con este nuevo auto, emitido el 31 de julio y notificado este lunes, el número de acusados en los ERE alcanza los 207. Alaya elevó el mes pasado el caso al Tribunal Supremo para que se pronuncie por la supuesta implicación de aforados, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el caso de los cinco imputados en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva, la magistrada argumenta que "consta acreditado" que a instancias del dueño de la mediadora Uniter, José Gonzalez Mata (también imputado en la causa) "y siguiendo presuntas instrucciones" del exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero se incluyeron como intrusos a cinco trabajadores de la empresa Almacenes Delgado, "quienes nunca habían trabajado en la mina". Así, "constan como beneficiarios" Mariano Reyes Rodríguez (quien cobró 201.551,42 euros), Lorenzo Mogedas Rodríguez (102.551,42 euros), Juan Bravo Borrero (94.361,11 euros), Mario Díez Rufo (102.951,86 euros) y Tadeo Domínguez Rodríguez (136.084,34 euros).

En cuanto al sexto intruso, la instructora asegura que queda "indiciariamente acreditado" que Luis Gálvez Frijol fue incluido en el expediente de la empresa Springer Arteferro a pesar de que "no era socio trabajador de la cooperativa y quien no figuraba en la relación de personas afectadas por el referido ERE". La magistrada apunta que la póliza de seguro fue suscrita por la Federación Minero-Metalúrgica de CCOO de Andalucía.

"De la anterior exposición se deriva que existen por tanto personas implicadas en este expediente que serían partícipes de los hechos aquí investigados", asevera Alaya que, por ello, imputa a estas seis personas. La juez ha tomado esta decisión en base a los atestados elaborados al respecto por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del informe pericial realizado por la Intervención General del Estado.