De la condena al ‘indulto’ en cuatro meses

Cuatro meses y ocho días. Es el poco tiempo que ha hecho falta para que el caso del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico haya dado un giro radical. De estar aparentemente condenado al derribo desde que su construcción fue paralizada en 2006 ha pasado a algo parecido a un indulto. Sólo ha hecho falta que cambien los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) encargados de analizar el caso para provocar este inesperado cambio. El giro no acabará necesariamente en la apertura del hotel, pero sí puede consolidar las aspiraciones de la promotora Azata de ser indemnizada.

De momento, la empresa puede embolsarse el próximo 12 de septiembre 2,31 millones de euros, lo que la promotora pagó en 1999 por las parcelas de Carboneras (Almería) en las que levantó el hotel a pie de playa. La Junta ha citado para dentro de dos semanas a Azata en una notaría para formalizar el derecho de retracto sobre esos terrenos y así convertirse en propietaria del suelo. Las pretensiones de la constructora —a las que las Administraciones no pusieron problemas cuando comenzó a construir el hotel— son mucho mayores: ha reclamado al Estado, la Junta y el Ayuntamiento 70 millones de euros. El Gobierno andaluz tiene previsto rechazar formalmente esa petición en las próximas semanas. El Tribunal Supremo ya denegó en 2012 a Azata la posibilidad de ser indemnizada por el Estado. Pero es cierto que aquella decisión se produjo cuando todos los fallos y autos apuntaban a la ilegalidad del edificio, antes de que la sección tercera de la sala de lo contencioso del TSJA, con sede en Granada, lo haya cambiado todo.

» El primer giro. Desde que la construcción fue paralizada hace ocho años, una veintena de decisiones judiciales de diferentes tribunales apuntaban siempre a su ilegalidad. Por un lado, el Supremo determinó que el complejo estaba invadiendo la zona de 100 metros de protección de la costa. Por otro, el TSJA fijó en 2012 que el paraje de El Algarrobico era una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en la que no se podría construir. Esta última sentencia la firmaron los magistrados de la sección primera de la sala de lo contencioso de Granada del tribunal andaluz, que hasta principios de este año se encargaron de analizar todos los pleitos referentes a este parque natural. Pero el presidente de la sala de lo contencioso, el magistrado Rafael Toledano, decidió que la sección tercera se encargaría de analizar el resto de recursos pendientes sobre este espacio, en aplicación de unas normas de reparto de 2012. Este cambio ha sido denunciado por los ecologistas en el Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas instancias han archivado las quejas al considerar que no se ha incumplido la ley.

» Contradicción. Tras ese cambio, la sección tercera dictó el 21 de marzo de este año una sentencia en la que se declaraba que el hotel estaba levantado en una zona del parque natural donde sí se puede construir. Dos años antes, la sección primera de la misma sala había sentenciado que la zona era no urbanizable. Los tres magistrados que dictaron este última fallo conocían que sus compañeros habían determinado justo lo contrario en 2012. Ahora será el Supremo el que tenga que resolver esta discrepancia en el seno de la sala que preside Toledano.

Los fallos contradictorios dentro de esta sala de Granada —también con las otras sedes ubicadas en Sevilla y Málaga— son un problema en el TSJA. En la última memoria anual elaborada por el presidente de este tribunal, Lorenzo del Río, así se reconoce. Se reclama a los jueces que eviten las “resoluciones diferentes sobre cuestiones idénticas”. Justo lo que no ha ocurrido con los fallos sobre el suelo en el que está ubicado El Algarrobico.

» Pelea entre jueces. Los problemas dentro de la sala de Granada han trascendido lo profesional y han pasado a lo personal. En marzo de este año, Toledano y el magistrado Jesús Rivera, miembro de la sección cuarta de la misma sala de lo contencioso, mantuvieron una fuerte discusión en el tribunal granadino. Los ánimos se caldearon tanto que ambos jueces acabaron cruzándose quejas ante Lorenzo del Río. La fuerte discusión fue a cuenta de un caso que afectaba al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada). El incidente no ha pasado a más, pero la riña también está conectada de forma indirecta con El Algarrobico. Jesús Rivera es el juez que paró las obras y anuló la licencia que el Ayuntamiento de Carboneras concedió a Azata en 2003. Esas decisiones las tomó cuando ocupaba una plaza en un juzgado de Almería.

» Licencia válida. Aquella sentencia sobre la licencia, dictada en 2008, ha sido la que ha sostenido en estos últimos años la paralización de las obras del hotel. Se basaba, precisamente, en que la construcción estaba en una zona protegida y en que invadía los 100 metros de protección de costa, algo que había ratificado diferentes instancias hasta ahora. El fallo fue recurrido por la promotora y el TSJA no ha respondido hasta el 29 de julio de este año, declarando la validez de la licencia de obras. Ha sido precisamente la sección tercera de la sala de lo contencioso la que ha tumbado la sentencia de Rivera en la que se pedía la revisión de oficio del permiso otorgado por el Ayuntamiento. El ponente de este fallo es Toledano. El magistrado recuerda que la licencia otorgada por el Consistorio contaba con el visto bueno de las Administraciones, que no pusieron en su día reparos.

» Recursos. Tanto el Estado como la Junta de Andalucía estudian las vías que tienen para poder recurrir este último fallo ante el Supremo, algo que parece complicado, según reconocen fuentes de ambas Administraciones. El Gobierno y la Junta ya se comprometieron en 2011 a demoler el hotel cuando exista seguridad jurídica suficiente, algo que se ha alejado con la última sentencia del TSJA.

Esa resolución también encendió las alarmas en la Junta de Andalucía, que temía que la empresa retomara las obras en cualquier momento. Por eso ha citado a la promotora dentro de 12 días para formalizar el retracto y quedarse con los terrenos. Este derecho lo ejerció en 2006 la Junta, pero no se había cerrado hasta ahora. El TSJA ha respaldado el retracto, aunque hay un recurso pendiente en el Supremo sobre este caso.

» Salida de dos magistrados. Uno de los tres magistrados de la sección tercera de la sala de lo contencioso —Jorge Rafael Muñoz Cortés— ha obtenido una excedencia para salir del TSJA tras dictar el fallo que respalda la licencia. Este juez también firmó la otra sentencia que establecía que el edificio estaba en una zona urbanizable. Toledano también pretende salir del TSJA. Aspira a ocupar una vacante en el Supremo, algo que el CGPJ decidirá en septiembre.