Las obras del AVE a la Meseta reciben sanciones mínimas por dañar ríos

Avanzan a buen ritmo los trabajos del AVE entre Ourense y Lubián (Zamora) que conectarán Galicia con la Meseta en 2018, según las previsiones del Ministerio de Fomento. Recorrerlos permite comprobar la envergadura de una obra que, en sus 80 kilómetros más complejos, en las estribaciones meridionales del Macizo Central ourensano, discurre en su mayoría bajo tierra, lo que minimizará su impacto cuando esté en servicio. Pero mientras se construye, allí donde el trazado sale a la superficie afloran también los ataques al entorno, especialmente a los ríos en la actual fase de movimiento de tierras. La dispersión de los trabajos, en lugares de difícil acceso y poco poblados, impide que los inspectores lleguen a tiempo a todas las irregularidades, según admiten ellos mismos, y cuando lo hacen sus sanciones pueden ser irrisorias.

 El pasado 14 de julio la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil sancionó, tras denuncias de la Guardia Civil, Consellería de Medio Ambiente y ecologistas, la alteración más significativa de un río causada por las obras del AVE. Cientos de metros del cauce del Foxo Vello, junto al pueblo de Campobecerros (Castrelo do Val) fueron explanados y el río se desvió por un tubo de 140 metros de longitud, según la medición de la propia Confederación. El organismo considera que “las obras ejecutadas provocan una alteración perjudicial del medio físico o biológico con riesgo de contaminar o degradar el medio ambiente” y que “también suponen una alteración sensible del régimen de corrientes”. Sin embargo, se sancionó a la constructora solo por no haber pedido permiso, una infracción leve. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Portocamba, encabezada por Sacyr, deberá pagar una multa de 7.588 euros. Una cuantía menor frente a los 84,2 millones de euros por los que se le adjudicó el tramo, de 4,2 kilómetros, en febrero de 2012. Según sus alegaciones, la empresa pidió permiso para canalizar el río en julio de aquel año, pero “debido a la necesidad del comienzo de los trabajos de perforación de los túneles”, decidió acometerlos en octubre sin disponer de la autorización, que aún “sigue en trámite”, según la Confederación Hidrográfica. Consiga o no el permiso, cuando la obra finalice y la tubería desaparezca, el río discurrirá por un cauce artificial.

A 25 kilómetros de allí, la otra Confederación Hidrográfica afectada por las obras, la del Duero, ha recibido en lo que va de verano varias quejas del Ayuntamiento de Verín por el color gris del río Támega, del que capta su abastecimiento. En mayo, la Plataforma Ciudadana Ríos Limpos ya había denunciado sus tonos naranja, marrón y gris. La Confederación les contestó con explicaciones para cada color. El naranja, por la “fuerte carga de óxido de hierro” de la geología de la zona, y el marrón, por “arrastres” provocados por la lluvia de aquellos días. El gris, decía, “sí que proviene de las obras del AVE, pero por el mismo motivo, cuando llueve mucho se producen arrastres de los caminos de acceso a los distintos tramos de las obras”. Pese a ello, “en base a lo expuesto, no procede la incoación de expediente sancionador”, concluía el organismo.

La Declaración de Impacto Ambiental del AVE estableció que “nunca se localizarán vertederos [...] en los valles de los ríos y arroyos” y se evitarán “donde las escorrentías superficiales puedan generar arrastres y alteraciones de la calidad de las aguas”. Así que están en las cumbres, como las escombreras que se ciernen sobre las aldeas de Portocamba, en Castrelo do Val, y Porto, en Vilar de Barrio. Pero junto a la de Portocamba nacen varios regatos que acaban en el río Támega.

Los problemas son visibles también hacia el este. En Lubián, un operario lava con una manguera una hormigonera a pocos metros del río Porto. En A Gudiña, un trabajador dice que “cada dos por tres están aquí los inspectores de la Confederación Hidrográfica porque las balsas de lodos dan problemas”.

Según fuentes de la Confederación del Duero, en su ámbito existen 13 autorizaciones en vigor o en trámite para vertidos de las obras del AVE a los ríos, en todos los casos, en teoría, tras su tratamiento. Los expedientes sancionadores rondan la decena. La Confederación del Miño-Sil no da cifras y se limita a decir que los “numerosos expedientes sancionadores” incoados “en gran parte están en fase de tramitación”.