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3.000 familias se quedan sin renta de ciudadanía al agotarse el presupuesto

UGT denuncia que la partida del Consell para los más necesitados acabó en mayo

Colas a la entrada de Casa Caridad en Valencia, el pasado año.
Colas a la entrada de Casa Caridad en Valencia, el pasado año.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es un “derecho” que pueden ejercer “las personas que carezcan de recursos suficientes para mantener su adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad”. Lo dice literalmente la Consejería de Bienestar Social en su página web. Y se benefician de ella, por ejemplo, familias con todos sus miembros en paro que han agotado ya todas las demás prestaciones.

Sin embargo, alrededor de 3.000 familias de la Comunidad Valenciana que cumplen con todos los requisitos exigidos no están recibiendo esta ayuda económica contra la pobreza, cuya cuantía media oscila entre los 390 y los 400 euros al mes, porque “el presupuesto para todo el año 2014 se agotó en mayo pasado”, según denunció ayer la Federació de Serveis Públics del sindicato UGT-PV.

“En estos momentos la Administración tiene preparadas las propuestas de resolución de Renta Garantizada de Ciudadanía de más de 3.000 familias, pero no las firma ni paga estas ayudas” porque no cuenta con los fondos, explica el sindicato. La entidad exige la ampliación de “forma urgente” de los créditos de la prestación para “atender las necesidades más básicas” del colectivo afectado. Y cifra este coste en siete millones de euros.

La Consejería de Bienestar Social reconoció ayer que “en 2014 se ha producido una mayor demanda de solicitudes de la Renta Garantizada”, lo que ha llevado al departamento dirigido por la consejera Asunción Sánchez Zaplana, “a resolver durante el primer semestre del año un total de 10.392 expedientes, cuyo pago de todos ellos está al día”. “No obstante”, añade la Consejería, “y dado que la Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho de reconocimiento preceptivo, la Generalitat, si es necesario, pondrá los medios económicos para hacer efectivo este derecho”.

El sindicato señala que el presupuesto de la Generalitat en 2014 para la Renta de Ciudadanía, una prestación que comporta el compromiso de seguir un plan familiar de inserción y una plena de inserción laboral, se eleva a 23,6 millones de euros. Esta es “la misma cuantía prevista en los presupuestos de la Generalitat para 2013 y 2012, a pesar de que el número de solicitudes no deja de aumentar cada año, llegando casi a duplicarse desde el inicio de la crisis”, agrega.

La gestión de estas ayudas corresponde a Bienestar Social y numerosos Ayuntamientos y mancomunidades que actúan como entidades colaboradoras. “Tanto los ayuntamientos como la Consellería han cumplido con su trabajo”, apunta UGT, en referencia a la preparación de las resoluciones, Pero al agotarse el presupuesto que dedica la Generalitat, esa labor “se estanca ante la desesperación de las familias solicitantes”. Esta situación provoca un trato discriminatorio, según el sindicato, porque sólo los Ayuntamientos o mancomunidades de mayores dimensiones pueden adelantar la prestación a la espera de los fondos de la Generalitat. Algún Ayuntamiento ya ha rescindido el convenio con la Generalitat, añade.

80.000 familias

Sobre esta cuestión, Bienestar Social señala que “en estos momentos las entidades locales siguen resolviendo y reconociendo a beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, fruto del convenio de colaboración que la conselleria de Bienestar Social ha establecido con estas entidades para hacer más efectiva la gestión de este tipo de ayudas (84 convenios en total)”. “Por lo tanto, estas entidades continúan disponiendo de crédito y reconociendo a nuevos beneficiaros de esta prestación”, concluye.

La FSP-UGT estima que hay unas 80.000 familias en la Comunidad Valenciana en situación de necesidad que podrían ser beneficiarias de esta renta. Y relata casos reales y frecuentes, como el de un hombre de 54 años, casado, con dos hijos estudiando en la universidad, que cobraba un sueldo de 2.000 euros al mes. Fue despedido de la empresa y agotó la prestación y el subsidio y todas las ayudas a las que pudo acceder, abandonando sus hijos y sus estudios para buscar trabajo. O el de las familias con hijos que no pueden pagar la luz y el agua y acuden a la ayuda de Cáritas, Casa Caridad o los bancos de alimentos.