La Xunta envuelve en misterio las ayudas indebidas que cobró T-Solar

El Gobierno gallego le reclamó hace un año 14 millones pero no aclara si los ha devuelto

Protesta de trabajadores de T-Solar, en julio de 2013
Protesta de trabajadores de T-Solar, en julio de 2013nacho gómez

Un año después, nadie sabe dónde están los 14 millones de euros en subvenciones que tiene que devolver a las arcas públicas T-Solar, la muy subvencionada fábrica de paneles solares que la multinacional Isolux Corsán levantó en el Parque Tecnolóxico de Galicia (en la localidad ourensana de San Cibrao das Viñas) en 2008. Ni la Xunta ni la empresa concretan el estado en el que se encuentra el expediente de reintegro que la Administración autonómica abrió por incumplir los objetivos de “mantener la actividad y puestos de trabajo” y que el propio conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, anunció en julio de 2013, tras las airadas protestas de los trabajadores al poco de anunciarse el cierre de la factoría. Y es que entre subvenciones directas y préstamos en condiciones favorables, T-Solar recibió 65 millones en ayudas públicas para una factoría a la que echó el cerrojo en menos de cinco años, cuando el dinero público dejó de fluir tras tumbar el Gobierno central las primas a las renovables.

 Desde Industria se limitan a confirmar lo que ya anunció el conselleiro: “Se ha abierto un expediente de devolución de ayudas”. Nada más. Tras tres llamadas, semanas de espera y con el expediente abierto desde hace un año, no concretan si han reclamado el dinero o si la empresa —cuya matriz Isolux cerró 2013 con beneficios millonarios y un beneficio antes de impuestos de 569 millones de euros— ya reembolsó las subvenciones de las que se benefició incorrectamente, según el Gobierno gallego. La empresa, que mantiene su actividad fuera de España en otros sectores relacionados con las energías renovables, desvía cualquier aclaración al concursalista que actualmente liquida la factoría gallega, pero el administrador concursal —una sociedad madrileña perteneciente a una gran asesoría— también se ha instalado en el hermetismo. Este diario solo obtuvo como respuesta de la persona que respondió al teléfono en dos ocasiones que “no está autorizada a hablar de ese tema”.

La reclamación iniciada por Industria no es la única a la que debe hacer frente T-Solar Global, que entró en concurso de acreedores en marzo del pasado año. La comisión del Gobierno central sobre asuntos económicos, tras un informe desfavorable emitido hace algo más de un año, acordó reclamar la devolución de casi siete millones de euros (6,1 más interesases de demora) concedidos por el Ministerio de Economía dentro de un programa estatal de subvenciones para fomentar la implantación de empresas en regiones poco industrializadas. La reclamación de Hacienda fue formalizada en el Boletín Oficial del Estado (BOP) del 13 de febrero de 2014 y en ella se explica que “no han acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los mismos”.

El Gobierno considera que, una vez instruido el expediente, “se pone de manifiesto el incumplimiento total de la condición de mantener inversiones durante cinco años”. Esos millones no son los únicos que llegaron a T-Solar desde el Gobierno central en forma de ayudas públicas a pesar de que la empresa perdía dinero desde 2009. Tal y como desveló este diario, en 2008, el Ministerio de Educación y Ciencia le dio un crédito de 2,6 millones sin intereses para investigación, mientras que el Ministerio de Industria facilitó otros dos préstamos que sumaron siete millones sin intereses. Y es que una lluvia de fondos públicos pagó casi todo de este proyecto impulsado por el exdirectivo del Banco de Santander Marcial Portela y cuya inversión ascendió a 50 millones de euros, según indicó en sus cuentas la sociedad matriz que controlaba el conglomerado fotovoltaico. A las ayudas estatales se sumaron 29 millones más en subvenciones y préstamos de la Xunta de Galicia y otros 20 millones en financiación blanda concedida por las extintas cajas de ahorro gallegas, rescatadas después con 9.000 millones procedentes de las arcas públicas.

Mientras T-Solar acumula requerimientos administrativos desde casi todos los frentes para que reintegre fondos públicos, la liquidación, que puso en la calle a 170 empleados, avanza imparable mes tras mes. A pesar de que, inicialmente, una sociedad británica mostró interés por las desamparadas instalaciones del Parque Tecnolóxico de Galicia, la compra nunca llegó a formalizarse. Su venta casi de saldo (3,7 millones por todo el conjunto) no atrajo a comprador privado alguno antes del verano. Tampoco las administraciones públicas apostaron por las placas solares durante el plazo especial habilitado para ellas en la tramitación del concurso de acreedores. Ahora se consume la última posibilidad para vender la fábrica en su totalidad o por piezas sin subastas de por medio. El último día de julio nadie había presentado propuestas.

Batalla en los juzgados

Las subvenciones que debe devolver T-Solar no son la única discusión monetaria que Isolux Corsan —su matriz— mantiene con el Gobierno gallego. La multinacional lleva meses peleando en los tribunales contra la Xunta y el Ministerio de Hacienda por discrepancias en el impuesto de transmisiones patrimoniales que la Administración reclama tras la venta de uno de sus parques eólicos gallegos. El recurso judicial, que está en manos del Tribunal Supremo tras fracasar en instancias administrativas y judiciales inferiores, aclarará si Isolux debe abonar 1,5 millones de euros tras la venta del complejo de Cova da Serpe (Lugo).

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo le concedió en 2010 la explotación de 14 aerogeneradores en este ventoso monte situado a medio camino entre Guitiriz y Friol. Casi de inmediato, la multinacional vendió esa adjudicación a Estela Eólica, una empresa burgalesa dirigida por Gecalsa, un conglomerado societario en el que, entre otros, están presentes el Banco de Santander, Caja Rural de Burgos y otra gran sociedad de inversiones de Caixabank, el banco privado surgido de La Caixa. Y es que la polémica política rodeó a esta explotación eólica desde sus inicios, al denunciar la oposición que varios cargos del PP tenían intereses económicos en Estela Eólica antes de convertirse en la tercera mayor adjudicataria de megavatios eólicos. Isolux defiende ahora que no debe abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales que la Agencia Tributaria de Galicia le ha reclamado en reiteradas ocasiones.

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