La lucha contra el fraude irá a la Cámara

Iba a ser en abril, después en mayo y tampoco será en septiembre, pero después del debate de política general, los miembros de la comisión de lucha contra el fraude, la que alumbró el pacto fiscal firmado el pasado septiembre entre el PNV y el PSE, y al que se adhirió con posterioridad el PP, tendrán que comparecer, por vez primera, en el Parlamento vasco. Alli deberán cuantificar sus objetivos y contar sus avances en la instauración de un sistema coordinado, homologable y comparable de lucha contra el fraude de las tres diputaciones forales. Después de solucionados algunos problemas “tecnicos” con la Diputación Foral de Álava, los partidos escucharán ese día los objetivos tasados que se plantean alcanzar con las actuaciones previstas durante el actual ejercicio, partiendo de los resultados logrados por las Haciendas Forales en 2013.

Será la primera vez que se lancen campañas conjuntas y que se expliquen en el Parlamento, pese a que la planificación de ese tipo de lucha unida contra la defraudación tributaria —que contemple el País Vasco como un país y no como tres territorios aislados y estancos— es una exigencia legal que fija de forma explícita el artículo 13 de la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal de 1989. La sistematización y homologación de los resultados con parámetros comparables anualmente y territorialmente, algo que hasta ahora nunca hacían las diputaciones forales, permitirá hacer un seguimiento comparativo anual de los resultados de la lucha contra los defraudadores y adoptar, en su caso, las medidas correctoras. El Parlamento, la institución que nombra al lehendakari, podrá, después de tres décadas de autogobierno, empezar a tener voz en un asunto como el de la fiscalidad, que el PNV y el PP no quieren que salga del ámbito de las diputaciones forales. Y eso pese a que lo estudios más serios estiman el peso de la economía sumergida en Euskadi en una cifra que oscila entre el 18% y el 25% del PIB.

Podría recaudarse

Esto significa que, con una adecuada y decidida actuación conjunta contra los defraudadores, podrían recaudarse unos 2.500 millones de euros anuales, una cantidad que se acerca a lo que nos gastamos en Educación, en torno al 25% de todo el presupuesto vasco. El PNV firmó a regañadientes en septiembre pasado el acuerdo fiscal, como la única vía para garantizarse los presupuestos, y su cumplimiento empieza a estar en entredicho por el PSE. La candidata a secretaria general de los socialistas vascas, Idoia Mendia, aseguró la pasada semana que si el PNV no acredita que está avanzando en todos los términos del mismo “habrá que replantearse el acuerdo”. La suspicacias nacen del hecho de que fue el propio PSE quien pidió el pasado abril una comparecencia de los miembros de la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, con el fin de que informaran a la Cámara del “contenido, criterios y objetivos” del Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude correspondiente a este ejercicio. La Mesa aprobó la petición de comparecencia, pero los problemas, sobre todo en Álava propiciaron el primer retraso.

La compatrecencia no sólo era una previsión del pacto entre partidos. El pleno del Parlamento sobre fiscalidad de septiembre del pasado año lo ratificó en su propuesta número seis. La Comisión se constituyó inmediatamente después, el pasado mes de octubre, y tras varias reuniones de trabajo, el Órgano de Coordinación Tributaria aprobó el Plan Conjunto de Lucha Contra el Fraude Fiscal para 2014. Las reuniones de control se celebrarán en el mes de noviembre y en ella se fijarán los criterios y actuaciones coordinadas a realizar por las tres Diputaciones Forales en relación con operaciones o sectores de actividad concretos para el año próximo. Y después en mayo para evaluar los resultados del año anterior y hacer un seguimiento de los resultados del Plan en curso por si hubiera que introducir modificaciones. Según especifica el pacto fiscal el Parlamento y las Juntas Generales recibirán cumplida información de los criterios que informan el Plan Marco de Lucha contra el Fraude Fiscal, así como de la evolución de sus resultados. La ninguneada ley de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal fija en su artículo 13 que las Diputaciones Forales ejecutarán planes de inspección conjunta sobre sectores, colectivos y empresas, sobre todo que operen en más de un territorio.