La Junta de Andalucía impide que se retomen las obras en El Algarrobico

El Gobierno andaluz (PSOE e IU) ha dado este miércoles un paso que se había negado a dar durante meses: completar los trámites que le convierten en el propietario de los terrenos del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), en los que está el polémico hotel de 20 plantas. La Junta se convertirá legalmente en la dueña de los suelos para impedir que la promotora del complejo pueda entrar y rematar la construcción del edificio, paralizada por la justicia desde febrero de 2006.

Cuando se suspendieron las obras por las dudas sobre la legalidad de este hotel levantado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, el 94,41% del edificio estaba finalizado. Y así ha continuado estos últimos ocho años. Durante este tiempo, una veintena de fallos y autos de distintos tribunales hacían imposible que las obras pudieran retomarse. Y la Junta y el Gobierno ya se habían comprometido por escrito a demoler el edificio cuando la justicia lo permita.

Pero un cambio de criterio sobre la legalidad del hotel en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —que se ha producido cuando han cambiado los jueces que analizan el caso— han enmarañado aún más el futuro de El Algarrobico, que ya no está tan claro que pase por la demolición. El cambio de rumbo definitivo se produjo hace una semana: la sección tercera de la sala de lo contencioso de este tribunal andaluz concluyó que la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras concedió a la promotora Azata en 2003 era legal.

La Consejería de Medio Ambiente temía que, en cualquier momento, la constructora pudiera volver a entrar en el hotel para rematar las obras tras esa sentencia. Varias fuentes jurídicas reconocen que Azata, con ese fallo, podría reanudar las obras. El paso dado ahora por el Gobierno autónomo busca impedir precisamente eso. "El fin último es demoler y el fin inmediato es evitar que continúen las obras, para proteger la biodiversidad y los valores ambientales de la zona", sostiene la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano.

La Administración andaluza ha enviado este miércoles varios burofaxes a las distintas sedes de Azata para comunicarle la formalización del retracto (el derecho que tienen las Administraciones a comprar bienes a particulares cuando se dan unas condiciones determinadas). El escrito conmina a la constructora a que no ejecute ningún acto "que suponga transformación de la finca". Le advierte de que la Junta emprenderá acciones si no se cumple esa paralización.

El Gobierno andaluz adquirió esos suelos en 2006 por 2,3 millones. El retracto se había ejercido ya, pero el proceso no se había concluido porque la promotora y el Ayuntamiento de Carboneras lo habían recurrido ante la justicia. El paso dado ahora por la Junta es arriesgado. Ese pleito está vivo, ya que la constructora ha acudido al Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si es legal o no la compra de los suelos que decidió unilateralmente la Administración andaluza en 2006. Cabe la posibilidad de que los magistrados terminen tumbando esa operación.

Pero la Junta, tras varios días de análisis, ha decidido arriesgarse por el temor a que se reanudaran las obras. Hace pocos meses ocurrió un caso similar: el TSJA avaló la licencia de obras de un centro comercial levantado en Armilla (Granada). Tras ese fallo, el Ayuntamiento de ese municipio permitió que se reanudaran las obras, paralizadas durante ocho años.

Tras el envío de los escritos, el siguiente paso que se debe dar es formalizar la compra ante un notario e inscribir en el registro los suelos como propiedad de la Administración, algo que ocurrirá en septiembre.

La organización ecologista Greenpeace ha calificado esta decisión como "una pequeña victoria". María José Caballero, directora de campaña de la ONG, ha recordado que hace dos meses se volvió a solicitar a la Junta que formalizara el retracto. La Administración se negó argumentando que el caso estaba aún vivo en el Supremo. Pero esa postura ha cambiado tras las últimas decisiones de la sección tercera de la sala de lo contencioso del TSJA, que incluso ha contradicho a compañeros del mismo tribunal.

El fin último de la Junta y el Gobierno es derribar el hotel, pero ambas Administraciones siempre han mantenido que era necesaria una seguridad jurídica. Y las últimas decisiones de los magistrados andaluces hacen que esa seguridad se aleje más en el tiempo. El Supremo, que ya ha concluido que el hotel invade los 100 metros de protección de la costa, será el que acabe decidiendo sobre la legalidad de la construcción.