El juez paraliza cautelarmente la construcción de un gran hotel en la playa del cabo de Gata
El auto afirma, en contra de la Junta, que la obra supuestamente viola la Ley de Costas
Un juez ha ordenado paralizar de forma cautelar la construcción del hotel en la playa del Algarrobico, en la zona del cabo de Gata (Almería). El auto señala que los daños de la obra serían irreparables si sigue la construcción, pero además entra en el fondo del asunto al argumentar que el plan de la obra es posterior a la Ley de Costas, de 1988, que impide construir tan cerca de la playa. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, han mantenido la legalidad de la obra durante meses, en contra de los grupos ecologistas y ciudadanos. La consejera de Medio Ambiente de Andalucía, Fuensanta Coves, ha defendido durante meses el hotel. "Puede ser feo, pero es legal. Si no fuera así, el Ministerio de Medio Ambiente no habría iniciado los trámites de expropiación y ya estaría derribado", afirmaba un portavoz oficial de la consejería. El juez del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera Fernández, ha desautorizado esta postura. En un auto de 11 folios notificado ayer, el juez estima el recurso de la Asociación Salvemos Mojácar y ordena "la paralización de las obras del complejo hotelero [...] al estar amparada en una licencia que presenta apariencia de ilegalidad por invasión de la zona de servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas".
El juez detalla que el plan parcial del Ayuntamiento de Carboneras que permite la urbanización se publicó en el boletín de la provincia de Almería el 4 de agosto de 1998. Sin embargo, ya estaba en vigor la Ley de Costas (del 29 de julio de 1988), que crea una zona de protección de 100 metros desde el mar. Esta zona queda "invadida totalmente por la construcción del complejo hotelero en la playa del Algarrobico", describe.
El hotel, de 20 plantas, está a 28 metros del mar en un parque natural. La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación en 15 días, explica que, de no paralizar la obra, el daño para el interés general sería mayor.
Salvemos Mojácar manifestó ayer su satisfacción por este "triunfo de la legalidad" y criticó la postura obstruccionista del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía, que "han mostrado una escandalosa pasividad hasta el momento frente al caso más sangrante de destrucción del litoral español".
El portavoz de la promotora, Azata del Sol, declinó hacer declaración alguna. El alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), manifestó su extrañeza por el auto. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de la Junta de Andalucía.
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