Más basura acumulada en Lugo tras anularse los servicios mínimos

La basura acumulada en las calles de Lugo, por la huelga que desde hace más de 50 días mantienen los trabajadores de la concesionaria del servicio de limpieza, ha ido a más tras la anulación judicial de los servicios mínimos del 100% impuestos por el gobierno municipal. Los puntos en los que se ha decretado la emergencia sanitaria ascendieron de 13 el viernes a alrededor de medio centenar durante el fin de semana, “28 calles enteras”, según señalaron fuentes municipales a Europa Press.

Desde el inicio de la huelga de los trabajadores de Urbaser, empresa concesionaria, el gobierno municipal ha dictado varas veces servicios mínimos del 100%, por ejemplo, con la celebración de la multitudinaria fiesta del Arde Lucus o en los momentos en que el amontonamiento de basura se hacía a su entender más peligroso. Uno de esos decretos de servicios mínimos del 100%, dictado el 22 de julio, fue anulado el pasado viernes por el Juzgado de los Contencioso número 1 de la ciudad al considerar que limita el derecho a la huelga sin que lo justifiquen los riesgos sanitarios aducidos. Según el juez Luis Villares, el gobierno local socialista debería “vincular los criterios sanitarios a la fijación coherente de servicios mínimos”.

Tanto el Ayuntamiento como Urbaser afirman que tras la sentencia los trabajadores han dejado de recoger la basura en los lugares donde su acumulación puede entrañar más riesgo. El portavoz en Lugo de la empresa del grupo ACS, Benito García, declaró a Europa Press que el comité de huelga “miente al afirmar que recogen en los puntos de emergencia”, ya que siguen aumentando y conducen a la ciudad a una “situación lamentable”. La empresa sostiene que tras el fallo judicial los trabajadores deben atenerse a los anteriores servicios mínimos, del pasado 7 de julio, pero no lo están haciendo. Según García, en estos momentos está trabajando “sólo el 50% de la plantilla”.

El portavoz de Urbaser admite que aún existen cuestiones que “bloquean las conversaciones”. Los trabajadores piden un aumento salarial vinculado al IPC, el mismo incremento que recibe anualmente la empresa según el contrato municipal, y el mantenimiento de una paga extra de 600 euros. Además, reclaman la readmisión de los miembros del comité de huelga despedidos durante el conflicto.