El alcalde de Ourense sobre su tercera imputación: “Lo volvería a hacer”

La imputación por presunta prevaricación de toda la Junta de Gobierno bipartita de Ourense por segunda vez, tras regularizar una urbanización ilegal y pagar una indemnización de 352.000 euros a una vecina que había denunciado irregularidades en la obra, no causó sorpresa en el Ayuntamiento. Los ediles de PSdeG y BNG esperaban la decisión, pero defienden su inocencia porque afirman haber actuado conforme a la normativa. El alcalde socialista fue ayer contundente. “Volvería a hacer lo mismo”, aseguró Agustín Fernández, tras reclamar una vez más un “trato justo e igualitario” de los tribunales. El regidor ourensano suma tres imputaciones derivadas de su actividad política “tras 30 años sin mácula como inspector de Hacienda”, según él mismo subrayó.

La demolición de la plaza de San Antonio —grandes bloques de pisos, oficinas y un aparcamiento subterráneo privado construidos durante el mandato del PP en el centro de Ourense— hubiese costado 40 millones de euros a las arcas municipales según el Ayuntamiento, que defiende su actuación “conforme a informes jurídicos” y a un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que “avala” el proceder de la Junta de Gobierno imputada.

“Los vecinos nos agradecieron a Paco [por Francisco Rodríguez, exregidor dimitido tras su imputación en el caso Pokémon] y a mí la legalización de sus casas”, reveló ayer el alcalde ourensano. Ahora y con el gobierno local acorralado por una docena de causas judiciales abiertas tras denuncias de la oposición, los sindicatos o empresarios, Fernández pide ayuda a los residentes en la plaza bajo el foco del juez: “Quiero reclamar el apoyo de los vecinos a los que conseguimos que no demoliesen sus casas”. El regidor cree que esta causa “es un abuso de derecho” con “fines espurios” de un partido político “a la que se suma un promotor inmobiliario que no tiene intereses allí”. Además, no descarta “exigir responsabilidades” ante una “estrategia de acoso y derribo”.

Y es que el próximo septiembre está marcado en rojo en el calendario de la tercera ciudad de Galicia. Además de las declaraciones por la nueva imputación en pleno del gobierno de 2007, fuentes judiciales aclaran que será tras el parón veraniego cuando los investigadores finalicen dos instrucciones: la del caso Bedoya, que ya imputó a la Junta local bipartita hace meses, y la del servicio municipal de ayuda a domicilio, en la que la teniente de alcalde, Marga Martín, permanece imputada por supuesta malversación y cooperación para estafa.