Gallardón rectifica su reforma judicial que primaba a las capitales de provincia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy en Santiago de Compostela que rectificará dos de las medidas más polémicas que había incluido en su anteproyecto de reforma de la planta judicial: ciudades importantes que no sean capital de provincia sí podrán albergar los nuevos tribunales de instancia y se mantendrán los partidos judiciales, en los que se seguirán resolviendo causas.

El anteproyecto de reforma del poder judicial aprobado por el Consejo de Ministros en abril cosechó en estos cuatro meses en Galicia duras críticas de todo el ámbito judicial (jueces, fiscales, abogados, procuradores o funcionarios) además de la oposición de políticos de todo signo de las poblaciones que se verían afectadas. La reforma propuesta por Gallardón preveía eliminar los partidos judiciales y concentrar sus funciones en las capitales de provincia, que a su vez serían las únicas ciudades que albergarían los nuevos tribunales provinciales de instancia, sustitutos de las actuales audiencias provinciales, que ahora cuentan con salas también en otras ciudades significativas. La Xunta de Galicia, presidida por el popular Alberto Núñez Feijóo, fue una de las Administraciones más críticas con la reforma, ya que afectaría especialmente a ciudades como Vigo, que no es capital de provincia pese a ser la más poblada de la comunidad, Santiago o Ferrol. Otras ciudades de toda España en la misma situación como Gijón, Cartagena, Elche o Jerez de la Frontera también levantaron la voz.

Esta mañana, con el presidente gallego a su lado, el ministro anunció en Santiago que reformará su anteproyecto antes de aprobarlo en septiembre en Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de los Diputados con el objetivo de que entre en vigor ya en esta legislatura. El nuevo texto permitirá “que pueda haber más de un tribunal de instancia por provincia” y que su denominación ya no sea de “provincial”. Para ello, las comunidades autónomas deberán pedirlo expresamente, con un informe que lo avale de su respectivo tribunal superior de justicia, para ciudades en las que ya existan actualmente “un mínimo de unidades judiciales suficientes”, que cuantificó en una sala de cada uno de los órdenes Contencioso-Administrativo, Civil y Social y cinco de lo Penal.

En cuanto a los partidos judiciales, el ministro aseguró que estos ya “no desaparecen”, pero se contemplará la posibilidad de que, si los juzgados de uno están muy sobrecargados de trabajo, determinadas causas puedan ser desviadas a otro partido. El ministro empleó un ejemplo gallego: “Si en Viveiro (Lugo) hay exceso de carga de trabajo, el tribunal de instancia correspondiente podrá atribuir los casos al [vecino] de Mondoñedo”. Gallardón indicó que esa posibilidad será “excepcional”, que estará reglada por “normas previas” de reparto de asuntos entre partidos y que se aplicará solo mientras no se reduzca la carga de trabajo del partido afectado. El ministro recordó que un traslado de asuntos similar “ya se hace en los contenciosos-administrativos, que no hay en todas las localidades sino que están concentrados en capitales de provincia”. “Lo normal es que cada juzgado vea los asuntos de su territorio”, dijo.