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El Consell rehúsa asumir la gestión de Camps y afirma trabajar con honradez

Català advierte al procesado Serra que el escaño y el banquillo no son compatibles

Ferran Bono
el consejero de Economía, Máximo Buch, y la portavoz del Consell, María José Catalá, tras el pleno del Consell.
el consejero de Economía, Máximo Buch, y la portavoz del Consell, María José Catalá, tras el pleno del Consell.Tania Castro

“Honradamente”, fue el adverbio más empleado ayer por la portavoz del Consell, María José Català. “Honrada y honestamente” trabajan todos los días los miembros del actual Consell “para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, respondió Català. La pregunta se interesaba por si el actual Consell asume la gestión del anterior gobierno presidido por Francisco Camps, también del PP, después de anunciarse el pasado jueves el procesamiento dentro del caso Gürtel de tres exconsejeros y 18 exaltos cargos, que se añaden a otros imputados e incluso condenados (como en el caso del exconsejero Rafael Blasco o del exvicepresidente Víctor Campos).

La portavoz incidió en que estas personas procesadas “evidentemente hoy no forman parte de la administración valenciana, no están gestionando en la administración valenciana”. ¿Qué reflexión hace del procesamiento? ¿Es el PP de hoy diferente del de ayer? “Puedo hacer una valoración del actual porque soy portavoz del actual Gobierno y puedo decir que trabaja honradamente por gestionar de forma correcta los recursos públicos”, señaló.

Privatiza, pero menos

F. B.

La Consejería de Economía ha reculado definitivamente en su intención inicial de privatizar la gestión de todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), a excepción del Palau de les Arts, y sólo se externalizará por 15 años la gestión de l'Àgora y a l'Oceanogràfic. Tras informar al Consell del pliego de condiciones que se publicará próximamente, el consejero de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, explicó ayer que la distinta titularidad del suelo (de CACSA y de la Consejería de Economía) ha aconsejado esta decisión para salvar las dificultades legales.

El consejero hizo de la necesidad virtud y resaltó que la explotación combinará "lo mejor de lo privado y lo mejor de público" para sacar mayor rentabilidad, garantizando, además, el mantenimiento de la plantilla de CACSA. La empresa adjudicataria deberá también proponer contenidos para el Museu de les Ciències y l’Hemisfèric con el fin de atraer más visitantes, así como vender entradas de los distintos hitos. El ahorro residirá no tanto en gastar menos, como en "ingresar más", indicó Buch. Para el consejero, la novedad más relevante es que el gestor privado "contribuirá a poner en valor también el resto del complejo de CACSA, uno de los más atractivos turísticamente de España".

Fueron varias las preguntas sobre esta materia que los periodistas formularon al término del pleno del Consell. Y en ninguna de sus contestaciones, Català salió a defender expresamente la gestión del anterior Gobierno de la Generalitat.

La portavoz sí apeló a la presunción de inocencia: “Nosotros creemos firmemente en la presunción de inocencia, estamos convencidos de que los procesados tienen el tiempo oportuno para recurrir y demostrar en caso de que así sea, su inocencia. Este Gobierno respeta su presunción de inocencia y pide respeto”.

Y también aludió a las encuestas del CIS que reflejan la desconfianza de la ciudadanía con la clase política, antes de resaltar que el Consell actual “trabaja para dignificar la política” y que ha mejorado en la transparencia de sus actuaciones, según ha constatado en su índice la ONG Transparencia Internacional.

La portavoz explicó que si Carmen Díaz Quintero, la gerente de la Fundación de la Luz de las Imágenes, continúa en su puesto, a pesar de ser una de las procesadas, es porque la Generalitat no tiene mayoría en el patronato, también integrado por el Arzobispado y varias alcaldías.

Y sobre la situación del diputado autonómico David Serra, también procesado, apuntó que depende del grupo popular de las Cortes que “tiene también marcada sus líneas en materia de corrupción”, si bien expresó su convencimiento de que “actuará en consecuencia”. Recordó que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya ha dicho que “no son compatibles el escaño y el banquillo”.

También se manifestó a propósito de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción sobre las adjudicaciones a residencias vinculadas a la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino, cuando era consejero de Bienestar Social. La portavoz y consejera de Educación, Cultura y Deportes señaló que no está imputado.

Català, por otra parte, anunció el nombramiento de José Luis Torró como nuevo secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat. Torró, de 64 años, abandonó la pasada semana su puesto en RTVV —no fue despedido en el ERE por ser miembro del comité de empresa— para cubrir la vacante que dejó Lola Johnson, exdirectora de Canal 9, cuando fue imputada por la demanda de Compromís por el agujero de RTVV. El nuevo secretario autonómico ha trabajado en numerosos medios, como Levante o Las Provincias y ha dirigido los periódicos Mediterráneo de Castellón y Canarias 7.

Acompañó a la portavoz, el consejero de Economía, Máximo Buch, que destacó la reducción del número de parados en 42.300 personas en la Comunidad Valenciana, según los datos de la EPA. El consejero afirmó que es la creación de empleo y la reducción de paro más grande “en un segundo trimestre de toda la serie histórica” y la segunda autonomía en que más ha mejorado.

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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