El alcalde de El Ejido rechaza ante el juez el pelotazo urbanístico

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), rechazó ante el juez Francisco José Domínguez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido, su participación en el pelotazo por el que está imputado. Góngora declaró como acusado junto a su padre Gabriel Góngora Peralta, su hermano José Gabriel Góngora Cara y su socio y amigo Serafín López Pizarro. El alcalde está imputado por tráfico de influencias y un delito contra la Hacienda pública después de que la Audiencia confirmara la prescripción del delito de blanqueo y falsedad en documento.

La mercantil Agrícola Euro Alpujarra, de la que Góngora era socio, compró una finca por 300.000 euros, solo dos años después esta sociedad suscribió un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones.

Góngora alegó que cuando fue nombrado concejal de Urbanismo la finca rústica que adquirió la mercantil Agrícola Euro Alpujarra, de la que él era socio, ya tenía la calificación de urbanizable en el avance del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). Los cuatro imputados declararon apenas media hora cada uno y coincidieron en resaltar que la empresa no ganó dinero con la operación de compraventa de terrenos, en contra de la tesis del magistrado.

Antes de iniciar las declaraciones, el juez ordenó una prueba pericial caligráfica a los cuatro imputados para determinar la autoría de la letra manuscrita en los márgenes del contrato privado de compraventa donde queda reflejado que la cantidad percibida y escriturada serían diferentes. El abogado de la acusación popular ejercida por el Partido de Almería (PAL) —denunciante del supuesto pelotazo urbanístico del que Góngora fue beneficiario— Juan Carlos Calatrava, resaltó el evidente “peso” de la prueba documental, pese a la declaración exculpatoria de los imputados. “Las escrituras públicas que se otorgaron por la compra y por la venta, y los contratos privados, contradicen esas escrituras públicas”, afirmó.

La acusación popular avanzó nuevas diligencias de prueba documental y testifical tras las declaraciones. Asimismo restan por concluir otras diligencias solicitadas por el juez en el auto del pasado 21 de julio, como la tasación del valor real de las fincas en 2004.