La carga de la prueba

En los últimos días, a la vista de la cercana reunión entre Mas y Rajoy, también al socaire del reciente movimiento táctico de Duran y del congreso extraordinario del PSC, se ha informado, rumoreado y especulado más que nunca acerca de la llamada tercera vía para resolver el problema catalán.

Esa metáfora ferroviaria ha alcanzado incluso un grado de concreción que no había tenido hasta ahora: según explicaba este diario el jueves 17, el eventual acuerdo que muchos empresarios propugnan partiría del reconocimiento de Cataluña como nación, para atribuir después a sus instituciones democráticas competencias exclusivas —también se las ha calificado de “blindadas”— en materia de lengua, cultura y educación; establecer un pacto fiscal que garantice la recaudación de todos los impuestos a través de una Agencia Tributaria catalana y fije una cuota de solidaridad limitada; y dar a la Generalitat una autoridad completa en lo relativo a régimen local.

Cabe suponer que fue más o menos esa hipótesis la que sirvió de base a la empresa Metroscopia para realizar, a principios de julio, el sondeo cuyos resultados EL PAÍS publicó el pasado domingo, y según los cuales un 38% de los catalanes prefieren la tercera vía, un 31% se inclinan por la independencia, y solo un 19% apuestan por dejar las cosas como están. Muchísimos menos, por cierto, que los votantes sumados de PSC, PP y Ciutadans en las europeas del pasado mayo (fueron el 30%) o en las autonómicas de 2012 (alcanzaron el 35%).

En cualquier caso, bien está conocer —con toda la imprecisión de una encuesta sobre cuestiones tan lábiles— qué apoyo social podría tener en Cataluña la tercera vía. Pero, ¿no sería tanto o más útil e intelectualmente honesto averiguar cuál es su grado de aceptación entre la ciudadanía del resto del Estado? Saber que el señor Duran Lleida y el señor Iceta Llorens están por esa tercera vía resulta muy ilustrativo; pero, ¿qué posición tienen al respecto los señores y señoras Rajoy y De Cospedal, y Pedro Sánchez y Carmen Chacón, y...?

Lo que ahora urge es establecer con rigor qué piensan sobre esa vía los empresarios madrileños o sevillanos

Quien dice políticos dice medios de comunicación u opinadores. Aquí, donde la tercera vía se ha convertido en un concepto familiar desde hace año y medio, es fácil identificar qué cabeceras y qué columnistas la contemplan con buenos ojos. Sin embargo, no parece que exista un mapa siquiera aproximado de los apoyos mediáticos e intelectuales con que aquella fórmula pudiese contar más allá de la raya de Aragón. En el bien entendido de que, tal como ha sido descrita en estas mismas páginas, la tercera víatiene muy poco que ver con el federalismo de la Declaración de Granada del PSOE: va —iría— muchísimo más lejos en la singularización jurídica, política y competencial de Cataluña.

Lo que quiero decir es lo siguiente: una vez precisado su alcance, visto que cuenta con firmes paladines entre las élites económicas locales e incluso calculado su apoyo demoscópico en el Principado, ¿no sería sensato, oportuno y justo que, sobre la aplicabilidad de la tercera vía, trasladásemos la carga de la prueba al terreno político, mediático y social español? A mi modesto juicio, lo que ahora urge es establecer con rigor qué piensan sobre esa vía los empresarios madrileños o sevillanos, qué dicen al respecto la Junta de Extremadura o el Gobierno de la Región de Murcia, cómo la ven la prensa gallega y la castellana, y, en fin, qué porcentaje de apoyo encontraría tal compromiso entre la opinión pública española.

Esas averiguaciones no se han hecho, pero algunas reacciones espontáneas resultan muy significativas. Apenas creyeron precibir en la tercera vía alguna verosimilitud, un potente coro de voces corrió a “rechazar cualquier negociación” y a condenar la oferta de “nuevos privilegios al nacionalismo”. A título personal, ilustres próceres tanto en la órbita del PP como del PSOE (de Javier Zarzalejos a Joaquín Leguina) han denunciado el riesgo de un “destejer confederal del Estado”, han sentenciado que los españoles no van a consentir “más privilegios como el cupo vasco” y han advertido que el Estado no puede renunciar jamás a la defensa legal y judicial de la lengua castellana, imaginariamente perseguida en Cataluña.

Ninguna voz de peso equivalente se ha dejado oír para negar tales asertos y asumir sin ambages la tercera víacomo solución óptima al pleito catalán. Las últimas reacciones —de la presidenta andaluza, por ejemplo— ante la publicación de las balanzas fiscales de Montoro tampoco inducen precisamente al optimismo.

Así las cosas, ¿no sería absurdo esforzarse por construir una mayoría política y social tercerviísta en Cataluña, solo para constatar después que tal mayoría no tiene contraparte, no encuentra interlocución en España? Parece indiscutible que, para funcionar, cualquier camino intermedio entre el statu quo y la independencia debería ser capaz de suscitar consensos amplios a ambos lados de la actual trinchera. A no ser, claro, que la tercera vía sea solo un artilugio fabricado con la ilusoria esperanza de dividir al soberanismo.

Joan B. Culla i Clarà es historiador