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El Parlament acepta tramitar una ley de transparencia descafeinada

La norma, avalada por CiU, Esquerra y el PP, permite limitaciones por "intereses públicos y privados" y fija un organismo de control adscrito al Gobierno

El Parlament iniciará al volver de vacaciones la redacción definitiva de la ley de Transparencia, después de que ayer la cámara diera luz verde a su avance con los votos de Convergència i Unió, Esquerra y el Partido Popular. Su redacción se ha elaborado en una ponencia conjunta de todos los partidos, pero el PSC, Iniciativa, Ciutadans, y la CUP no se sumaron al texto al considerar que nace descafeinado.

CiU, ERC y el PP destacaron el paso adelante que supone la ley, que obliga a la publicación de los principales datos de la Administración, como la retribución y dietas de sus altos cargos. La norma también introduce medidas de fomento del gobierno abierto, para que los ciudadanos participen y colaboren con las Administraciones. E incluye un registro de lobbies para que la relación entre los grupos de interés y la política sea más transparente.

Por contra, los cuatro partidos que se oponen coinciden en señalar dos principales flaquezas en la ley, que promete apertura en el acceso a la información pública. La primera, los límites que se marca la propia norma, que establece que la información no se podrá transmitir a los ciudadanos si se conculcan "intereses públicos o privados protegidos expresamente por la ley" o si hay una norma que fije la confidencialidad de "procedimientos fijados por la Administración". Cualquier dato puede ser protegido por ley.

Comisión de Gobierno

El otro punto de la ley con el que discrepan el PSC, Iniciativa, Ciutadans y la CUP es la falta de independencia del organismo que debe velar por su cumplimiento. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, según la ley, estará adscrita al Gobierno catalán, en principio al Departamento de Gobernación. La comisión estará formada por cinco miembros escogidos por una mayoría cualificada del Parlament. "Sería bueno que no dependiera directamente del Gobierno, porque esto de alguna manera pone en crisis su propia independencia", denunció el socialista Juli Fernández.

Los grupos aportarán enmiendas para corregir durante la tramitación las pegas que ponen a la norma. "Si hacemos una ley ambiciosa, estamos dispuestos a seguir trabajando. Pero si lo que tenemos que hacer es quedarnos con una ley a medias, que no sea ejemplar, que no lidere, nuestro grupo no la apoyará", explicitó el líder de Iniciativa, Joan Herrera.

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