El Gobierno aprieta el acelerador para presentar una docena de leyes

“Llegarán todas juntas”. Este es el pronóstico del Gobierno andaluz a través del consejero de la Presidencia, el socialista Manuel Jiménez Barrios, acerca del paquete legislativo comprometido por PSOE e Izquierda Unida en el pacto de coalición. Tras poco más de dos años de legislatura, el Parlamento tan sólo ha aprobado dos de las 28 leyes anunciadas (Transparencia y Transexualidad) y en los tres periodos de sesiones que restan hasta el final de mandato se quiere apurar al máximo para sacar adelante el mayor número de textos legislativos posible.

El Gobierno quiere que antes de que termine este año entre en el Parlamento una docena de proyectos de ley, por lo que se están celebrando entre dos o tres reuniones de viceconsejeros (el llamado consejillo) a la semana, cuando lo habitual es una. En este órgano se liman las leyes, tanto desde el punto de vista jurídico como político, y se da el visto bueno definitivo antes de que se envíen al Consejo Consultivo que debe emitir un informe preceptivo.

Hay cuatro proyectos pendientes de pasar el control por este órgano: Mecenazgo; Acceso a los Beneficios Públicos y de medidas contra el fraude fiscal; Régimen Hipotecario; y Memoria Democrática.

En las últimas semanas, el Consejo de Gobierno ha aprobado los proyectos de ley del Deporte y del Consejo de Concertación Local, así como el anteproyecto de Servicios Sociales. Antes de que finalice septiembre, la previsión es aprobar en el Consejo de Gobierno los anteproyectos de Cambio Climático; Participación ciudadana (que regula las consultas populares autonómicas); Movilidad Sostenible; Fomento del Emprendimiento; Juventud; Formación Profesional Ocupacional; y creación del Instituto Público de Crédito.

El Ejecutivo de coalición celebrará el 1 de agosto su última reunión antes de las vacaciones de verano y retomará el curso político el 26 de ese mes.

En paralelo, los grupos parlamentarios están manteniendo contactos para registrar una proposición de ley de reforma de la Cámara de Cuentas. En esta negociación participan socialistas e Izquierda Unida, aunque la intención es que el grupo popular se sume a la misma, una vez que los coaligados se pongan de acuerdo. El PSOE quiere ceñir la reforma de la Cámara de Cuentas a otorgarle competencias para que fiscalice la financiación anual de los partidos (ahora lo hace solo de los gastos electorales), mientras que IU quiere ampliar el foco de actuación de la institución. A tres bandas se negocia la reforma del Reglamento del Parlamento.

Fuentes del Gobierno niegan que este acelerón legislativo tenga relación con el próximo debate del estado de la comunidad, en el mes de septiembre, el primero que protagonizará la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al año de acceder al cargo.