Lola Johnson atribuye a Jaraba las contrataciones en RTVV

La exdirectora de Canal 9 y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson, ha declarado este miércoles como imputada en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) por las presuntas irregularidades en contratos de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y por el agujero de 1.300 millones de euros de pérdidas.

Durante su declaración, que ha durado una hora y media, Johnson se ha desentendido de las contrataciones porque no eran competencia suya. En este sentido, ha señalado que el responsable de las contrataciones durante su etapa al frente de Canal 9 era el director general, José Luis López Jaraba, según fuentes jurídicas. Él era el que marcaba las directrices y las pautas para ahorrar, ha agregado. Jaraba declara este jueves, también como imputado en los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, a raíz de la denuncia presentada por Compromís.

Lola Johnson ha entrado en los juzgados entre las protestas de un grupo de extrabajadores que le esperaban con pancartas y le han recibido al grito de "sinvergüenza". La protesta, que ha transcurrido sin incidentes en una zona vallada por la policía, ha manifestado su rechazo a la gestión de Johnson y ha recordado el caso Gürtel.

Ante la juez, la exsecretaria autonómica ha insistido en que no tenía capacidad para contratar en el ente y ha asegurado que la denuncia interpuesta contra ella es "absolutamente falsa, política y dolosa", según recoge Europa Press. No ha contestado a las preguntas de Compromís y ha incidido en que lo que le imputa esta formación política es "absolutamente falso", según las mismas fuentes. En cuanto a los contratos de adquisición de derechos deportivos esgrimidos por Compromís en su denuncia, Johnson ha defendido que no propuso ni firmó ninguno.

La juez ha admitido la propuesta del fiscal anticorrupción de acumular en la misma instrucción la denuncia interpuesta por el sindicato CC OO, también por el agujero económico. Esta amplía la nómina de posibles delitos hasta 10, remonta las actuaciones hasta el año 2000 (la de Compromís abarca desde 2010 hasta la actualidad), y solicita la imputación tanto de la cúpula de RTVV como de los miembros que formaron parte del Consell durante el periodo citado. Lo más probable que también se sume a la investigación la denuncia presentada por la CGT.

Hace dos semanas declararon en el juzgado como imputados los exdirectivos de RTVV Lluís Motes, Luis Redondo y Nuria Romeral. Los dos primeros defendieron que durante sus etapas como administradores de Ràdio 9 y de la televisión pública tan solo cumplían órdenes que venían de arriba, e insistieron en que tanto los contratos como los gastos y los presupuestos venían dados directamente por la Generalitat Valenciana, empresa dueña de la sociedad. Romeral aseguró ante el juez que durante su etapa como responsable de la radio pública valenciana su labor se centró en cuestiones técnicas y periodísticas, y que se dedicó a reducir los gastos, a bajar sueldos a los directivos y a aumentar la audiencia siguiendo instrucciones de la dirección general de RTVV, que en aquel momento ocupaba Jaraba.

Origen del proceso

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras. El 'modus operandi' era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.

En concreto, la denuncia abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, Compromís expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

Los denunciantes consideran que los cinco exdirectivos de RTVV ejecutaron cargos mercantiles "con desprecio manifiesto de la más elemental lex artis mercantil y empresarial, y al margen de sus deberes en relación con la situación financiera del ente", contrataron "incumpliendo los procedimientos legales" y "ocultaron contratos aduciendo para ello una presunta confidencialidad impropia en la gestión de fondos públicos".

También les considera responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.