La reforma local vuelve a reflejar la soledad del PP en la Asamblea

La Ley de Administración Local volvió a reflejar la soledad del PP en la Asamblea de Madrid y la falta de entendimiento con los partidos de la oposición. Los argumentos del partido mayoritario, que esgrimió que con la legislación aprobada ayer mantendrán su vigencia distintos convenios con consorcios y mancomunidades, no convencieron a PSOE, IU y UPyD. La sospecha de los tres partidos es que el combate a las duplicidades entre las distintas Administraciones esconde un recorte de 8.000 millones de euros en servicios básicos en toda España. A eso se añadiría la privatización de una parte de los servicios que no contasen con la suficiente financiación pública.

“La Ley de Reforma de la Administración Local viola la premisa básica de los Ayuntamientos, al negarles su condición de Administración más próxima a los ciudadanos, y crea municipios de primera y de segunda en base a un criterio tan arbitrario como el número de habitantes… Dejando a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes convertidos en foros de debate sin ninguna capacidad de gestión”, advierte José Luis García Sánchez, diputado del PSOE en el Parlamento regional. “Supone un paso atrás de 35 años”, zanja el parlamentario autonómico y también alcalde de San Martín de Valdeiglesias.

“Gracias a este proyecto de ley no va a haber ningún niño que deje de ir a una escuela infantil; no va a haber ni un solo madrileño que necesite atención social que no la reciba, y no va a haber ningún madrileño que deje de recibir un servicio esencial básico y de calidad”, afirma Bartolomé González, diputado del PP y exalcalde de Alcalá de Henares.

Sin embargo, dentro de su partido abundan las voces críticas contra la nueva legislación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende aplicar en el plano local. Las distintas voces consultadas coinciden en que los Ayuntamientos han realizado un gran esfuerzo para cumplir con el objetivo de déficit, hasta el punto de que han pasado de ser deficitarios a tener superávit en su conjunto. En concreto, los Ayuntamientos españoles cerraron 2013 con 4.000 millones de superávit, una aportación vital para evitar que se disparase el déficit del conjunto del Estado, que gastó 66.000 millones más de los que tenía.

El coordinador regional de Izquierda Unida, Eddy Sánchez, muestra también su “radical oposición” contra la reforma, que a su juicio “vacía de contenido” a las corporaciones locales: “No estamos ante una adaptación sino que se procede a la desactivación minuciosa del poder local”. La semana pasada el diputado regional Antero Ruiz presentó una enmienda a la totalidad —al igual que PSOE y UPyD— por entender que la normativa es “inviable e inconstitucional, carece de memoria económica y será un foco de conflictividad permanente”.

El PP tumbó 21 de 22 enmiendas que UPyD presentó al Proyecto de Ley de Adaptación del Régimen Local. La formación magenta defendió la fusión de municipios para que tengan una población mínima de 20.000 habitantes, salvo unos supuestos de carácter excepcional en los que el municipio no bajaría de 10.000 vecinos. Tras un periodo voluntario de fusión de dos años, las localidades que no se hubieran fusionado lo harían de forma obligatoria en el plazo de un año atendiendo a criterios de proximidad geográfica, económica, histórica y social.

UPyD también reclamó que los Ayuntamientos se sigan responsabilizando de las competencias en educación, salud y servicios sociales hasta que las asuma el Gobierno regional.