Diseños de ciudad que desafían la ley

La reciente sentencia que ha ratificado la anulación del paso del Tram (un proyecto de transporte público en plataforma reservada que prevé conectar la Universidad Jaume I con el Grau) por medio del parque Ribalta de Castellón por vulnerar la ley de patrimonio cultural valenciano hizo estallar a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. "Todos los proyectos estratégicos se han sacado gracias al esfuerzo del PP, nunca hemos encontrado la colaboración. Todo ha acabado recurrido en los tribunales, absolutamente todo", dijo exaltada durante la rueda de prensa en la que ofreció la solución del Consell y el Ayuntamiento de Castellón para esquivar la sentencia y que el Tram sí atraviese el parque declarado Bien de Interés Cultural.

La justicia ha sido implacable con el urbanismo diseñado para la ciudad de Castellón. No solo el Tram. Los tribunales han anulado los proyectos estratégicos previstos en la ciudad. El más importante, el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad. Hasta la fecha, varias sentencias han tumbado el proyecto que preveía levantar más de 6.000 viviendas en una zona de masets tradicionales (previo desalojo de sus vecinos y derribo de las viviendas). Este programa se hizo pensando también para construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava y la sede de la VIU de Frank Gehry. Varios fallos lo han anulado.

Por anular, en Castellón está abolido hasta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) redactado en el año 2000. Hasta tres veces se lo ha tenido que decir el Tribunal Supremo al Ayuntamiento. La obcecación del equipo de gobierno para sortear la anulación con modificaciones puntuales obtuvo el tirón de orejas del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. El primero acusó de haber hecho “un simulacro” del cumplimiento del fallo. El segundo urgió al Consistorio a "dejar de persistir" en la aprobación de un plan que es nulo y que se pusiera manos a la obra para la redacción de un nuevo PGOU. En ello están.

Otra sentencia declaró ilegal el Auditorio cuando estaba construido

La sentencia contra el Tram ha hecho a la oposición recordar otra, la que declaró ilegal el Auditorio de Castellón cuando ya estaba construido. Entonces, el PP retó al PSPV a pedir la ejecución del fallo que implicaba la demolición del edificio, que siguió en pie. La jugada se repite, pero en esta ocasión la oposición sí se plantea pedir la ejecución si Consell y Ayuntamiento persisten en que los trolebuses circulen por mitad del Ribalta.

"Los políticos pelean por lanzar hacia adelante proyectos en la ciudad sin atender adecuadamente algunos requerimientos judiciales", explica Jaime Prior, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Prior apunta que esta problemática es el resultado de que la denominada "voluntad política" haya suplantado progresivamente al criterio técnico profesional y científico en la praxis del diseño de las ciudades. Este punto de inflexión en la relación entre el técnico y el político, explica, ha sido clave para llegar a la situación actual en la Comunidad Valenciana, con un urbanismo frenado a golpe de sentencia judicial. La Jaume I también ha criticado en un informe la "política de hechos consumados" en la plataforma del Tram.

En Valencia hay casos parecidos como el del Cabanyal. Aprobado en 2001, el plan urbanístico diseñado por el Consistorio para este barrio sigue sin ejecutarse 13 años después. Pensado para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a costa del derribo de 1.600 casas del barrio —la mayoría desprotegidas ad hoc—, el proyecto ha sido combatido en los tribunales por los vecinos y luego por una orden del Ministerio de Cultura de 2009, que los suspendió definitivamente porque expoliaba el patrimonio del antiguo Poble Nou de la Mar. La peculiar trama urbana en retícula del barrio marinero, heredada de las alineaciones de las antiguas barracas, era barrida por la prolongación de la avenida.

La prolongación de una avenida topa en Valencia con una orden ministerial

El Ayuntamiento de Valencia, su gran valedor, y la Generalitat sacaron toda su artillería legal para invalidar la orden pero al día de hoy no han podido. En estos momentos, el Gobierno local, que preside la popular Rita Barberá, tiene una modificación del plan con vistas a ejecutar la prolongación. Pero sus detractores ya advierten, con los escasos datos que tienen a mano, que continua el expolio.

La antigua Tabacalera de Valencia es otro proyecto que se consumó con serías objeciones al derribo de varias de sus naves. El Tribunal Supremo anuló hace justo un año el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba las demoliciones ordenadas por el Consistorio, y le obligó a revisar la operación.

La historia es sencilla. El Consistorio inició en 2005 una operación urbanística para desproteger las naves laterales y traseras de la antigua fábrica pese a su valor patrimonial y a los informes en contra del Consell Valencià de Cultura (CVC), el Colegio de Arquitectos o la Real Academia de Bellas Artes.

El Gobierno municipal firmó con la sociedad Guadalmedina, dueña de Tabacalera, un convenio de permuta por el que el Ayuntamiento recibía una compensación económica de 14,3 millones de euros, además del inmuelbe, hoy sede municipal. La constructora recibió a cambio los solares libres —y recalificados— de las naves derribadas, donde había previstas 320 viviendas, así como un edificio de titularidad municipal en la plaza de América.

Los socialistas calificaron la operación de pelotazo — y la denunció ante la Fiscalía por entender que pudo cometerse prevaricación. El caso no prosperó. La plataforma vecinal Salvem Tabacalera la recurrió ante el TSJ, que la avaló. Los vecinos apelaron al Tribunal Supremo y en julio de 2013 éste exigió al TSJ valenciano que consultase con expertos sobre el valor patrimonial del antiguo complejo fabril, hoy mutilado. Le pidió también que comprobase si la ciudad perdió. como denunciaron socialistas y vecinos, dinero con la valoración por debajo de mercado del suelo entregado a Guadalmedina.