‘Nadie sabe nada’ y ‘chorizo protege a chorizo’

Mi resumen de lo que he aprendido sobre la política es el que se expresa en los dos lemas del título. Si hay problemas, el político contesta con “Yo no se nada, yo no he sido”. Y si el asunto se complica y hay posibilidades de que alguien pague por ello, los chorizos se protegen entre sí recurriendo a todo tipo de maniobras. No es por casualidad que las dos únicas víctimas por ahora del caso Gürtel o Preferentes de Bankia hayan sido los dos jueces que se atrevieron a romper esta ley de la omertá. Y si algún ciudadano se atreve a denunciar algo, la respuesta es contundente: de cada 9 denuncias solo una se transforma en sentencia, en decir, se enjuicia. El resto desaparecen, la mayor parte abortadas desde el momento cero, archivándolas tras una escasísima o nula actuación judicial “indagatoria”. En este subtramo caen la mayor parte de las denuncias de particulares contra el poder. Es verdad que hay excepciones que permiten albergar algunas esperanzas.

La Gürtel, los EREs de Andalucia, los cursos de formación, los mangoneos de la familia Pujol, los del matrimonio Urdangarín y una larga lista más reflejan que una parte de la judicatura, fiscalía y policía no traga con el lema “chorizo protege a chorizo” y se empeña en ejercer su labor sin someterse a las presiones. En Euskadi, donde también tenemos nuestra dosis de comisiones y mangoneos, empezamos a oír que los fiscales reconocen que quizás han pecado de inhibición. Por fin se ven iniciativas para enjuiciar casos tan graves como el de los 60 millones de subvención otorgados, aparentemente sin mucho sentido, a Hiriko y Epsilon, o para aclarar por qué hay que pagar 30 millones de multa a la UE, como consecuencia de la decisión política de incumplir las sentencias de los tribunales europeos sobre las llamadas vacaciones fiscales. Tenemos poco tiempo para reaccionar y evitar que la corrupción se haga indestructible, como en tantos otros países.

Tenemos que exigir a los partidos normas y actitudes claras contra la corrupción, así como castigar en las urnas a quienes culebrean en este tema. Y creo que bastan pocas normas y sencillas, entre las que destacaría estas dos: a.- Que los procesos de contratación de todas las administraciones y empresas públicas de derecho privado que viven de la subvención se publiquen en la red, incluidos los informes técnicos que justifican la elección de un licitante frente al resto. b.- Que se castigue penalmente a aquel político o funcionario que intente averiguar de dónde han partido las filtraciones sobre chanchullos que hayan sido puestos en conocimiento de fiscales, prensa o similares. Es una medida que está en vigor en los países nórdicos y que es mano de santo: así como en toda administración hay funcionarios que prefieren mirar para otro lado, también es verdad que un buen puñado de buenos funcionarios que conocen lo que pasa y, si tienen seguridad de quedar impunes, no dudarían en filtrar los datos a quienes pueden y deben combatir las corrupciones.

Con esas normas sería la hora de la sociedad civil. Son los empresarios y sus asociaciones quienes conocen mejor que nadie cómo se amañan los contratos y quién cobra comisiones irregulares. Con publicidad total de los contratos y con las garantías penales de protección a los informantes, la sociedad civil estaría en condiciones de ganar la batalla de la corrupción rápidamente y los corruptos quedarían limitados a su específico lugar: en las alcantarillas de las instituciones y no en su puente de mando. Buen verano.