Ourense pretende cumplir sin ceses la sentencia contra los contratos a dedo

No habrá ningún cese, pero se cumplirá la ley. A pesar de la sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló casi medio centenar de puestos a dedo, el gobierno socialista de Ourense asegura que prepara un procedimiento administrativo para “subsanar” sin despido alguno los “vicios” detectados en los contratos eventuales de la hija, el chófer o las dos secretarias personales del alcalde. También habrá arreglo urgente para los técnicos y auxiliares colocados por los grupos políticos, para los puestos de coordinación o jefaturas de servicio de las concejalías y para el personal de gabinete afectado por el fallo judicial, incluido el director de comunicación, en el cargo desde la llegada al Ayuntamiento del exalcalde Francisco Rodríguez en 2007 y que dimitió tras su detención en la operación Pokémon.

Del actual regidor, Agustín Fernández, casi nada se supo ayer. Solo asistió a una entrevista en la Cadena Cope e ignoró su agenda oficial al plantar a periodistas y escolares durante un acto público. Sí ofreció explicaciones la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, que achacó la decisión del TSXG a una “falta de motivación” en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en 2012 “que viene de gobierno anteriores y que apenas cambió”. Dacosta matizó que ninguno de los contratados perderá su empleo, defendió que este sistema “no es una innovación” del PSdeG y negó “ocultación” del revés judicial a la oposición ya que “la RPT no forma parte de los presupuestos”.

Y es que PP, BNG y Democracia Ourensana están escandalizados porque el gobierno local no informó de la sentencia, notificada formalmente el tres de julio. Esta misma semana, el pleno del Ayuntamiento rechazó los presupuestos y los tres grupos políticos denuncian la “posible prevaricación” en la que hubiesen incurrido si hubiesen votado a favor de las cuentas, cuyo anexo de personal ha sido parcialmente tumbado. El Bloque, otrora socio de los socialistas, tachó de “sinvergüenza” al alcalde y reclamó la dimisión de la responsable de Personal. El PP también exige dimisiones por un asunto “tremendamente grave” que debe ser dilucidado políticamente.

CSI-CSIF, el sindicato denunciante, cree que “queda sobradamente demostrado el clientelismo en el Ayuntamiento de Ourense” y reclama una nueva negociación laboral. La CIG –grupo mayoritario en la junta de personal– apunta más alto y anuncia que, si no se ejecuta el cese inmediato del personal con puesto anulado, denunciarán al gobierno local en los juzgados de lo penal por desobediencia y prevaricación. También piden la dimisión del alcalde y de la responsable de Personal. Para el secretario general de los socialistas gallegos no hay motivo alguno de dimisión. José Ramón Gómez Besteiro cree que “seguro” se “cumplirá” el fallo. Manuel Baltar, cuyo clan familiar acumula críticas y procesos judiciales por enchufes en la diputación ourensana, pasó de puntillas por la decisión de la justicia. Rechazó hacer “crítica política” y defendió la “presunción de inocencia”. “Deberán tomar nota y actuar en consecuencia”, aseveró. Pero a pesar de la sentencia y de las críticas generalizadas, el gobierno local continúa fiel a su rígido guión. Ya ha convocado una Junta de Gobierno “urgente y extraordinaria” el próximo lunes para aprobar el presupuesto municipal tumbado por el pleno y cuyo anexo de personal ha sido anulado parcialmente por la justicia.