Tres imputados en el ‘caso ERE’ sugieren que la juez Alaya oculta pruebas

La estrategia del silencio lleva meses instalada en el juzgado de la magistrada Mercedes Alaya, quien instruye el fraude de los ERE en Andalucía. Pero, este jueves, las razones de los imputados para guardar silencio fueron un tanto distintas de las expuestas anteriormente. Tres ex directores generales de Trabajo, entre ellos Javier Guerrero —considerado el máximo responsable del fraude—, denunciaron “la ocultación dilatada, y quizás deliberada” de “importante” material de la investigación, informa Efe. Asimismo, la exasesora de Empleo María José Rofa denunció la “manipulación” de los expedientes entregados por la Junta a la magistrada.

Imputados por las ayudas a dos empresas, que recibieron 34,4 y 35,2 millones de euros —actuaciones que supusieron un “cheque en blanco contra los fondos andaluces”, según Alaya—, los imputados citados se acogieron a su derecho a no declarar ante la magistrada. Según el abogado de Guerrero —quien ya ha comparecido ante Alaya cuatro veces—, este guardó silencio porque en la causa faltan los atestados de la Guardia Civil sobre los expedientes a estas dos empresas. “Es una especie de secreto sumarial encubierto. Nos sentimos indefensos para declarar sin conocer estas actuaciones”, precisó el letrado.

Más duro fue en su escrito el ex director general de Empleo Daniel Rivera. Calificó la falta de este material como “injustificable” y “una violación de los derechos constitucionales”. Ya hace unas semanas, la Audiencia Provincial de Sevilla avisaba a Alaya de que podía haber conculcado el derecho de defensa de varios imputados al negarles acceso a unas declaraciones clave para la causa. La juez requirió entonces dicho material a la Guardia Civil.

Más allá fue en su escrito María José Rofa. La exasesora de Empleo afirma que los expedientes aportados a la magistrada por el Gobierno andaluz están incompletos ya que “se ha quitado papeles de interés que podían incriminar a otras personas”. Asimismo, Rofa asegura que en ese material se han incluido correos electrónicos enviados por ella y pertenecientes a otros informes “con el supuesto objetivo de incriminarla y que pareciese que era ella quien mandaba”, según aseguraron a los periodistas abogados personados en la causa, cuando ella “no tiene nada que ver con dichos expedientes”.